El Congreso propone que los emigrantes no puedan votar en las elecciones locales

La subcomisión que estudia en el Congreso la reforma de la Ley Electoral ha acordado hoy que los españoles residentes en el extranjero no puedan votar en las elecciones locales -a ayuntamientos, diputaciones y cabildos- al entender que no existe relación de vecindad.

Así lo recogerá el informe que la subcomisión elaborará con los distintos aspectos en los que propone que se modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Los emigrantes sí podrán votar, según ha acordado la subcomisión, en las elecciones al Parlamento (Congreso y Senado, sin ninguna circunscripción específica), en los comicios autonómicos, en las elecciones europeas y en todos los referendos que convoque el Estado.

La pretensión de la subcomisión es que esta reforma se lleve a cabo antes de las elecciones locales de 2011, lo que impedirá al 1,3 millones de electores del Censo de Residentes Ausentes (CERA) participar en ellas.

El presidente de la subcomisión, Alfonso Guerra, ha destacado al término de la reunión que llegar a este acuerdo ha llevado "mucho tiempo", aunque finalmente ha contado con un respaldo mayoritario y sólo han expresado sus reservas el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, y la portavoz del grupo mixto, Ana Oramas (CC), si bien no se han opuesto.

Según ha explicado Guerra, la propia legislación electoral sostiene que los alcaldes y concejales de un municipio son elegidos por sus vecinos, y los miembros de la subcomisión han coincidido en que los españoles emigrantes han perdido, generalmente, esa relación de vecindad con sus lugares de origen.

Esto afectará también a los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo que, según la Ley de la Memoria Histórica, van a recibir la nacionalidad española, lo que previsiblemente elevará el Censo de Residentes Ausentes de 1,3 a 1,7 millones de personas en los próximos meses.

Otra novedad es la posibilidad de que los emigrantes puedan votar en urna, además de por correo, en los consulados de los países en los que residen.

José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del PP, ha señalado que para facilitar que puedan acudir en persona a las urnas los emigrantes podrán votar no sólo la jornada de las elecciones, sino varios días antes; las sacas con los votos de los consulados se trasladarán a España por valija diplomática.

En cuanto al voto por correo, para garantizar que nadie suplanta a otra persona y vota en su lugar, será obligatorio incluir, junto al sobre con la papeleta del voto, una fotocopia del DNI o pasaporte, además de la tarjeta de inscripción en el CERA.

Con estas medidas, según ha subrayado el portavoz de CiU, Jordi Xuclà, no se quitan derechos, sino que extienden las garantías y se gana en calidad democrática.

Los otros dos acuerdos alcanzados, también por mayoría, buscan garantizar la estabilidad de los ayuntamientos y evitar, por un lado, que concejales tránsfugas ayuden a que salgan adelante mociones de censura, y por otro, que se produzcan incrementos fraudulentos en el censo justo antes de una cita electoral.

Ya en la anterior reunión de la subcomisión los diputados acordaron por mayoría una fórmula para "desactivar" el voto de los concejales tránsfugas en el caso de que firmen una moción de censura para sacar del gobierno municipal al partido del que se dieron de baja.

La fórmula consiste en "reforzar" la mayoría necesaria para que salga adelante la votación de una moción de censura, de tal forma que en vez de una mayoría absoluta se requiera dicha mayoría y, además, tantos votos adicionales como tránsfugas hayan apoyado dicha moción.

Una medida, según han coincidido Guerra, Bermúdez de Castro o Xuclà, que dará mayor estabilidad a los consistorios y, de paso, evitará acciones políticas que puedan estar vinculadas con operaciones urbanísticas.

El otro acuerdo alcanzado busca evitar los incrementos fraudulentos del número de personas censadas en una circunscripción justo antes de la celebración de elecciones.

Para evitarlo, podrán votar en una circunscripción aquellas personas inscritas en el censo hasta dos meses antes de la convocatoria de los comicios -ahora se tiene en cuenta el censo del último mes-, de manera que si hay sospechas de un incremento injustificado, los partidos podrán presentar recursos y éstos se resolverían antes de que se celebren las elecciones.