Convergència i Unió (CiU) abrió ayer el camino parlamentario a la nueva Ley de Extranjería al votar en contra de las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, ERC-IU-ICV y PNV. El Congreso de los Diputados rechazó las propuestas con 183 votos en contra, 153 a favor y 2 abstenciones.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, destacó la importancia de la reforma por tres aspectos: introduce derechos fundamentales en la ley, transpone directivas europeas y sentencias y adapta el texto a una nueva realidad. Desde 1999, cuando había 800.000 extranjeros en España, el país ha recibido casi cuatro millones más. En los últimos nueve años, el texto ha sido reformado cuatro veces. Ahora, la principal directriz del Gobierno es la de vincular el proceso migratorio a las ofertas de empleo.

Esta circunstancia además de la limitación de la reagrupación familiar o el aumento de los internamientos en los CIE de 40 a 60 días le ha costado el rechazo de ERC-IU-ICV. Durante el debate de ayer, la portavoz socialista de Inmigración en el Congreso, Esperança Esteve, instó a este grupo a no crear leyes desde el 'paternalismo'. Al PP, volvió a recriminarle que no utilice la inmigración para sembrar miedos en la ciudadanía.

El portavoz popular, Rafael Hernando, acusó a Corbacho de mentir porque, a pesar de la crisis, el primer semestre 'unas 130.000 personas han obtenido permisos de residencia'.

A cambio de su apoyo, CiU exigirá una serie de condiciones. El grupo quiere 'una ley basada en la integración social y lingüística y una gestión catalana de los flujos migratorios'. CiU presentará sus enmiendas parciales antes de final de mes, al igual que el resto de grupos. Los catalanes tienen dos objetivos. El primero es el de reforzar la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, en las reagrupaciones familiares, el arraigo o la contratación en origen, por ejemplo.

El segundo aspecto se refiere a la integración. Para conceder el permiso de residencia de larga duración (indefinido, a partir de los cinco años de estancia en el país), CiU propone que se valore el 'esfuerzo' de los extranjeros por aprender el segundo idioma o realizar cursos, en la línea del Pacto Nacional de Catalunya.

Tras la votación, el diputado de CiU, Carles Campuzano, se reunió con Esteve y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para iniciar las negociaciones. 'La predisposición del Gobierno ha sido buena', explicó al término del encuentro.

CiU quiere desligar su iniciativa del contrato de integración obligatorio del PP y el Gobierno ha advertido de que no aceptará una propuesta que excluya a aquellos que no sepan hablar catalán. Este aspecto se volverá a debatir en el encuentro que mantendrán los dos grupos el miércoles que viene.

El próximo día 29 se cerrará el plazo de enmiendas parciales. El Gobierno realizará algunas modificaciones y enviará el proyecto de nuevo al Congreso para su primera votación. Después, pasará por el Senado y será aprobado de forma definitiva, previsiblemente, en noviembre.