El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual superó esta mañana en el Congreso su primer gran escollo en el Congreso. El PSOE consiguió el apoyo de CiU y CC para rechazar las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y ERC-IU-ICV, por lo que la ley marco del sector audiovisual seguirá adelante con su tramitación parlamentaria. Las enmiendas fueron rechazadas tras conseguir sólo 149 votos a favor, frente a los 176 sufragios en contra y 10 abstenciones (PNV, Nafarroa Bai, BNG, y UPN).

Sin embargo, a tenor de las intervenciones de los portavoces de los grupos y de la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, todo parece indicar que el texto sufrirá diversos cambios a través de las numerosas enmiendas parciales presentadas al articulado, y que el Gobierno y el Grupo Socialista siguen negociando con el resto de formaciones políticas, y especialmente con CiU, principal apoyo del Ejecutivo en este ámbito.

En defensa del proyecto, que marca las reglas del juego del nuevo escenario audiovisual, marcado por la irrupción de la TDT y el nuevo modelo de financiación de RTVE, y crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), Fernández de la Vega aseguró que se trata de una norma 'moderna, necesaria, equilibrada y liberalizadora' que tendrá vigencia durante las próximas dos décadas. No obstante, reconoció que es 'mejorable, como todo en esta vida' y añadió que espera que con las modificaciones pertinentes se consiga 'de una vez por todas, regular de manera global y coherente el sector audiovisual'.

De la Vega aseguró que el texto cuenta con el 'consenso básico' del sector pese a las críticas en este sentido del PP y ERC-IU-ICV, y que se ha hecho 'pensando sobre todo en el respeto y el reforzamiento y protección de los derechos de los ciudadanos con garantías de control democrático', si bien también persigue 'dar una respuesta seria y responsable al sector audiovisual desde el punto de vista de la liberalización, la dinamización y la seguridad jurídica'. Asimismo, dejó claro que en su opinión esta norma no supone invasión competencial alguna.

No piensa de la misma forma el grupo formado por ERC, IU e ICV y su portavoz, Gaspar Llamazares, de quien salieron las críticas más duras al proyecto de Ley. Para el diputado de IU, lejos de defender el interés general la norma 'se corresponde con los intereses de un sector de la iniciativa privada', el de las cadenas privadas, por lo que debería llamarse Ley Berlusconi o Ley Uteca (la entidad que agrupa a las privadas), y además 'no ordena el sector sino que establece un puzzle de iniciativas previas' por lo que bien podría llamarse Ley Frankenstein.

'El objetivo de esta ley no es ordenar sino mantener un sector oligopólico, hacer una foto fija del sector audiovisual en beneficio de la iniciativa privada', dijo Llamazares, que cree que al mismo tiempo se pretende 'marginar' a Radio Televisión Española y privarla 'del necesario liderazgo en el futuro de la TDT'. En este sentido, acusó al Gobierno de haber 'desestabilizado' a la dirección de RTVE y su hasta poco presidente, Luis Fernández, para provocar su dimisión.

Su compañero de grupo, Joan Ridao, de ERC, entiende que el proyecto es una 'seria amenaza' para el servicio público porque impide que RTVE pueda competir en igualdad de condiciones con las cadenas privadas y porque 'ignora la pluralidad lingüística y cultural del Estado' en el marco de una concepción del sector audiovisual 'como una actividad económica más'.

En su opinión, además, justifica 'una clarísima invasión competencial' y pretende, en definitiva 'cepillar el sector audiovisual catalán hasta dejarlo sin madera'. 'Difícilmente vamos a consentirlo', dijo Ridao, que pidió también que la norma otorgue espacio en el espectro radioeléctrico para garantizar la reciprocidad de las emisiones de las cadenas autonómicas de las comunidades limítrofes.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Cortés, calificó de 'muy malo' el proyecto, que en su opinión llega con cinco años de retraso, y añadió que 'lo único que le interesa al Gobierno de los medios es su control'. Tras censurar que no haya habido 'ni siquiera un atisbo de conversaciones' con el principal partido de la oposición, Cortés cree que el proyecto 'no tiene nada que envidiar a la legislación chavista, de Cuba o de China' en materia de medios de comunicación, sin olvidar la amenaza que supone para la libertad en Internet.

El portavoz socialista, Óscar López, afeó por su parte al PP su hipocresía acerca del contenido de la Ley y consideró una 'broma de mal gusto' que precisamente los populares acusen al Ejecutivo de querer controlar los medios de comunicación tras su trayectoria en este ámbito cuando estuvieron en el Gobierno.

Desde CiU, su portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo que si bien su grupo no está de acuerdo con el conjunto de la norma, se trata de una Ley 'necesaria'. Sin embargo, dejó claro que el texto actual 'invade competencias' autonómicas y locales y coincidió con ERC en la necesidad de poner a disposición de las cadenas autonómicas de espacio radioeléctrico adicional para garantizar la reciprocidad de las emisiones.

También consideró excesivas las obligaciones que establece para las cadenas a la hora de contribuir a la financiación del cine español, sobre todo tras haberse destinado 1.000 millones a este fin en los últimos años sin que se haya advertido mejora alguna en la calidad del cine objeto de estos fondos. 'Muchas de estas películas ni siquiera se han estrenado', dijo. Por todos estos factores, espera que a través de las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación concluye hoy, puedan hacer posible el acuerdo con el Gobierno para que CiU acabe apoyando la Ley.