El Constitucional admite los recursos del Gobierno y el PP y suspende la consulta de Ibarretxe

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido hoy a tramite los recursos del Gobierno y el PP contra la Ley que convoca una consulta popular en el País Vasco para el 25 de octubre sobre el diálogo para la paz y la normalización, lo que deja en suspenso la iniciativa del lehendakari, Juan Jose Ibarretxe.

La decisión, adoptada por unanimidad por el Pleno del TC, llega sólo dos días después de que la Ley de la consulta vasca fuera publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del País Vasco e inmediatamente después recurrida ante el Alto Tribunal por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y por el Grupo Parlamentario Popular.

La admisión del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno supone que queda en suspenso la Ley vasca, ya que el Ejecutivo invoca en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, pero establece que el Tribunal deberá ratificar esa suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Una vez transcurrido ese tiempo, el TC, si no ha resuelto los recursos, podría decidir mantener o levantar la suspensión de la ley, pero no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto.

No obstante, ha acordado habilitar el mes de agosto para acelerar la decisión.

En la providencia el Pleno del TC explica que la invocación de ese artículo produce la suspensión de la vigencia y la aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso (15 de julio de 2008) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada esa suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El Tribunal Constitucional también ha admitido a tramite el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular, aunque rechaza en este caso la petición que igualmente formularon los 'populares' para que se suspendiera la ley.

En este sentido, el Alto Tribunal recuerda que la potestad para instar esa suspensión, según la Constitución, es exclusiva del Gobierno y que, por tanto, no ha lugar a lo solicitado por el PP.