El Constitucional vuelve a reunirse sobre el Estatuto

El pleno del Tribunal Constitucional se reúne el lunes para debatir el séptimo borrador de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, elaborado por su presidenta María Emilia Casas, según informaron fuentes del alto tribunal.

Durante la reunión, y antes de votar el texto, podría tomarse también una decisión sobre los recursos de súplica presentados por la Generalitat, que alega incompetencia del alto tribunal para abordar este asunto.

Después de que los seis textos anteriores no fructificaran, la presidenta del Constitucional ha elaborado un nuevo borrador que recogería la inconstitucionalidad de alrededor de una quincena de preceptos e interpretaría una veintena más, según informaciones de diversos medios.

Este podría suponer el último intento de alcanzar una decisión sobre el polémico texto antes del comienzo de la precampaña para las elecciones catalanas, previstas para el otoño.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha pedido revisar la decisión de apartar del debate al magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado porque ayudó a la Generalitat a redactar algunos de los artículos del Estatut, aprobado en el Parlamento catalán.

El político socialista, que ha defendido un texto que considera plenamente constitucional, ha pedido al tribunal que interrumpa sus deliberaciones mientras medita una decisión sobre Pérez Tremps, al que Montilla pide que se incluya en las votaciones de los artículos en cuya redacción no participó.

La petición de Montilla llegó después de que se filtrara que el debate y votación en el Constitucional podrían realizarse artículo por artículo para resolver el estancamiento en el alto tribunal.

El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Partido Popular hace ya casi cuatro años y que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones, aborda los aspectos más polémicos del texto, entre ellos el reconocimiento de Cataluña como nación, el deber de conocer el catalán, el derecho de autodeterminación y un papel destacado en las relaciones con la Unión Europea.

Además, tras el recurso del PP se admitieron luego a trámite otros seis contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.