La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó su receso, que se producirá hoy mismo después de que se defina el proyecto de nueva Carta Magna, y designó a los nuevos titulares de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral y la Superintendencia de Telecomunicaciones.

La Asamblea definió también varios asuntos que tenía pendientes, incluida una Ley de Tránsito y varios mandatos constitucionales.

Los 130 asambleístas que integran la Constituyente, en otra sesión que se celebrará hoy mismo, votarán los 444 artículos que forman parte del proyecto de Carta Magna que ha elaborado en los últimos ocho meses y que será sometido a un referendo el próximo 28 de septiembre.

El receso se extenderá hasta la fecha del referendo, aunque la Asamblea podría ser convocada antes por petición de su presidente, Fernando Cordero, y en virtud de razones extraordinarias, debidamente justificadas.

Por otra parte, la Asamblea designó a Juan David Cevallos, del movimiento oficialista Acuerdo País, como nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en sustitución de Andrés León, de la opositora Unión Demócrata Cristiana (UDC).

El TSE debe estar integrado por representantes de las fuerzas políticas con mayor número de votos, por lo que la UDC, que no figura entre en la lista de los más votados, debía abandonar el organismo electoral.

La Asamblea también designó a Fernando Gutiérrez Vera como Defensor del Pueblo, de forma provisional, en sustitución de Claudio Mueckay, que fue retirado del cargo en esta misma sesión del pleno para que se someta a un proceso penal por presunta corrupción en el ejercicio de sus funciones.

La Constituyente ecuatoriana designó a Fabián Jaramillo Palacios como nuevo Superintendente de Telecomunicaciones, en sustitución de Paúl Rojas.

Además, la Constituyente aprobó un Régimen de Transición para suplir el vacío legislativo que comenzará el sábado cuando terminen sus funciones e inicie el proceso de organización del referendo, en el que se aprobará o rechazará su proyecto de nueva Carta Magna.

Ese Régimen incluye la creación de una "Comisión Legislativa", que hará las veces de Parlamento, y la reestructuración de las cortes de justicia y electoral.

El mecanismo de transición se aplicará sólo si en el referendo la población aprueba el proyecto constitucional.

Esa resolución supone, además, que el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) se denomine en el futuro Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se encargará de organizar las próximas elecciones generales, que podrían celebrarse a finales de este año o inicios del próximo, con el nuevo marco institucional.

El Régimen Transitorio también dispone la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, que cambiará de nombre a Corte Nacional de Justicia y reducirá el número de magistrados de los 31 que actualmente la integran a 21 jueces.

Otra de las disposiciones del Régimen de Transición es el establecimiento de la Corte Constitucional, que sustituirá al actual Tribunal Constitucional y que tendrá la facultad de analizar los fallos de la Corte Nacional de Justicia y de otras funciones del Estado.