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Los contratistas de los túneles de Londres, salpidados por el caso de las listas negras

El único condenado por la trama asegura que el proyecto Crossrail, en el que participa la constructora española Ferrovial, habría estado implicado

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El caso de las listas negras utilizadas por las grandes constructoras en Reino Unido para cribar a los trabajadores problemáticos, fundamentalmente, por su afiliación sindical, podría salpicar a la compañía española Ferrovial Agroman. Ian Kerr, el administrador de la base de datos que operaba la firma Consulting Association y, hasta ahora, la única persona juzgada en 2009 por la trama, compareció ayer públicamente por primera vez ante una comisión parlamentaria.

Durante el extenso interrogatorio de cerca de cuatro horas al que fue sometido, Kerr aseguró que “gran parte de las reuniones de Consulting Association se realizaban en la sede de Londres de Sir Robert McAlpine”, la constructora sin cuyo apoyo económico, según Kerr, no habría sido posible la organización. El administrador de la base de datos aseguró que fue en estas reuniones donde las empresas suscritas a las listas negras discutieron el proyecto de alta velocidad Crossrail, por ser potencialmente problemático. Tal y como señaló, las conversaciones tuvieron lugar con las compañías que pujaban por el contrato y que habían mostrado su preocupación por los problemas laborales surgidos en la prolongación de la línea Jubile del metro de Londres –otro de los proyectos, por cierto, en el que Ferrovial participó y que según Kerr utilizó listas negras-. Siguiendo su declaración, los contactos con las empresas escalaban a nivel de dirección o similar.

Crossrail es en la actualidad el mayor proyecto de ingeniería de Europa que, con un presupuesto de más de 18.000 millones de euros, conectará 118 kilómetros desde Maidenhead y Heathrow en el oeste hasta Shenfield y Abbey Wood en el este, con 21 kilómetros de túneles gemelos a 30 metros por debajo del centro de Londres. Ferrovial participa en el proyecto a través de la UTE (Unión Temporal de Empresas) BFK, compuesta junto a BAM Nuttall y Kier Construction, tras haberse adjudicado tres contratos de más de 700 millones de libras (unos 866 millones de euros). Un contrato que sirvió al primer ministro británico, David Cameron, y a Mariano Rajoy durante su primera visita oficial a Londres como presidente para ilustrar las espléndidas sinergias empresariales de ambos países.

Fuentes de Ferrovial niegan cualquier tipo de implicación de la empresa española con las listas negras asegurando que “no tenemos absolutamente nada que ver con este tema, no va con nosotros”.

Sin embargo, desde hace varios meses una treinta de trabajadores despedidos alegando ser víctimas de las listas negras se manifiestan en Westbourne Park reclamando justicia. Es el caso de Rodney Valentine, que asegura a Publico.es “que de enero a junio no había tenido ningún problema con la empresa hasta que empecé a advertir de faltas de seguridad”. Valentine trabajaba para la empresa E.I.S., una subcontrata de BFK y era el delegado sindical encargado de Seguridad. No es el único toque de atención de los trabajadores por cuestiones de seguridad laboral, puesto que Frank Morris, otro de los representantes sindicales despedidos, también relata cómo la cámara de evacuación de la tuneladora –en la que los empleados se refugiarían ante una catástrofe como un incendio-, está diseñada para 20 personas y era habitual que trabajaran al mismo tiempo 27 o 28 personas, extremo negado por fuentes de la compañía Crossrail, la concesionaria del proyecto.

En esta línea, el portavoz de Ferrovial, alega que “estas acusaciones de los ex empleados se refieren a una subcontrata que, además, hace tiempo que terminó su trabajo, por lo que ya no está ligada a BFK”. Versión que corroboran desde Crossrail al afirmar que “el contrato entre BFK y E.I.S. finalizó el pasado mes de septiembre” y, tras concluir los trabajos de tunelación, “esos puestos eran redundantes”. En cuanto a las medidas de seguridad, el portavoz de la constructora española indica que “esas denuncias no son creíbles porque somos muy serios con todos estos temas, llevando a cabo medidas de seguridad extremas”.

A las declaraciones de Kerr en su comparecencia de ayer, se suma la polémica contratación como uno de los gerentes en el proyecto Crossrail de Ron Barron. Barron fue hace años el responsable de Recursos Humanos (RRHH) en CB&I, una de las constructoras incluidas en 2009 en la lista de empresas que utilizaban los servicios de Consulting Association. De hecho, fue imputado hace dos años precisamente por su implicación en la trama y, como resultado de aquel juicio, CB&I tuvo que indemnizar a una empleado con 18.000 libras (unos 22.000 euros) tras haberle despedido haciendo uso de listas negras que le asociaban actividades sindicales.

En respuesta a estos hechos y siguiendo la línea argumental de BFK para los despidos de E.I.S., fuentes de Crossrail aseguran que Barron “no era un empleado de Crossrail”, sino que fue contratado para el proyecto a través de la subcontrata Bechtel. Estas mismas fuentes aseguran que la compañía “es responsable de los empleados contratados directamente por Crossrail”, indicando que la ésta “requiere a todas las empresas  que trabajan en el proyecto que cumplan la ley, incluyendo la prohibición de utilizar listas negras”.

El portavoz concluye que “Crossrail no tiene constancia ni pruebas de que las listas negras esté vinculadas en modo alguno con el proyecto Crossrail”. Una afirmación que choca frontalmente con el hecho de que Bechtel haya fulminado del proyecto a Barron y que en su comunicado aclare que la compañía “no tolera ningún comportamiento injusto o que atente contra la ética”. Bechtel justifica la contratación de Barron indicando que ésta se produjo antes del juicio de 2010 y porque “vino muy recomendado por organismos independientes dentro de la industria”.

La comparecencia de Kerr de ayer dio mucho más de sí. No sólo admitió que el grupo constructor Sir Robert McAlpine facilitó el arranque de Consulting Association gracias a un préstamo de 10.000 libras en 1993, sino que confesó que fue esta compañía la que pagó su multa de 5.000 libras en 2009, las costas de los juicios y todos los gastos derivados del cierre de la sociedad a cambio de que “yo fuera quien diera la cara para que ellos no se vieran arrastrados” por el escándalo. Por este motivo aún hoy sostiene que “se juzgó al hombre equivocado”.

Según Ian Kerr, cuyos honorarios eran de 50.000 libras al año, más coche de empresa, seguros médico y de vida y varios bonus sin determinar, las listas negras también habría recogido a más de 200 activistas ecologistas que no se incluyeron en las investigaciones por parte de las autoridades.

A pesar de que todas las fichas de trabajadores investigados llevaban asociada una etiqueta según tres tipos de clasificación -“no empleable, empleable pero pendiente de referencias y bajo seguimiento; y empleable”- el interrogado sostiene que “la base de datos no era una lista negra. Nunca hubiera aceptado el trabajo si se me hubieran pedido que llevara un sistema sólo para elaborar listas de personas no empleables”.

La trama podría salpicar incluso al sector público, pues entre los proyectos implicados Kerr señaló el Millennium Dome, los pasados Juegos Olímpicos, diversos contratos de ferrocarril y carreteras, hospitales públicos, la sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) y las instalaciones del ministerio de Defensa en Whitehall. En este sentido, al ser preguntado si trabajadores irlandeses habían sido vetados para trabajar en proyectos del ministerio de Defensa, Kerr dudó y tras unos segundos en silencio solicitó poder responder a esa pregunta en privado.

Dave Smith, uno de los afectados por las listas negras y principal impulsor del Blacklist Support Group, asegura que “Kerr es un personaje patético que se ha hecho rico gracias a lista negras ilegales que llevaron al paro a miles de trabajadores inocentes y honrados durante años. Puede que él no tenga remordimientos, pero nosotros estamos furiosos y queremos justicia”. Smith explica que “de lo que aquí se trata es del sistemático abuso de poder que llevan a cabo las grandes compañías, como si nosotros fuéramos únicamente una piedra en el camino de estas empresas que quieren tener grandes beneficios”.

Otro de los afectados que más han impulsado los movimientos de protesta reclamando justicia es Steve Acheson, que ha sido nominado para el Liberty Human Rights Award por su campaña, y asegura que “Kerr era sólo un soldado raso bajo las órdenes de los directores de las grandes constructoras”. Por este motivo, Dave Smith concluye que “tengo un mensaje para esos directores de multinacionales supuestamente respetables, para los agentes de policía y los representantes sindicales que participaron en esta trama: búsquense un buen abogado porque vamos a ir a por ustedes”.

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