El presidente francés, Nicolas Sarkozy, formalizó hoy la convocatoria del Parlamento en Versalles el próximo día 4 para revisar la Carta Magna, un requisito previo indispensable para la ratificación del tratado europeo de Lisboa.

La carta de Sarkozy y el decreto de convocatoria fueron divulgados hoy en el Senado, horas después de que esa cámara adoptara, en los mismos términos que los diputados hace dos semanas, el proyecto de ley para modificar la Constitución.

El visto bueno del Senado abrió el camino para que las dos cámaras del Parlamento se reúnan en congreso en Versalles (afueras de París) con el fin de adoptar definitivamente la revisión de la Carta Magna.

Se da por sentado que se alcanzará la mayoría de tres quintas partes necesaria para esa adopción, aunque una mayoría de los legisladores socialistas se abstengan como han amenazado, dado que sólo cuentan los votos emitidos.

De hecho, la cámara de los diputados ya tiene previsto examinar el próximo día 6 el proyecto de ley que autoriza a Francia a ratificar el tratado de Lisboa, y el Senado lo hará al día siguiente, antes del receso legislativo con motivo de la campaña para las elecciones municipales y cantonales de marzo próximo.

El tratado de Lisboa, firmado por los líderes de los 27 países de la Unión Europea el pasado 13 de diciembre, reemplazará a la fallida Constitución europea, que fue rechazada por los electores de Francia y Holanda en sendos referendos en el primer semestre de 2005.

Durante la campaña que le llevó al Elíseo el pasado mayo, Sarkozy ya había anunciado que sometería el nuevo tratado a la ratificación parlamentaria, en lugar de convocar un referéndum.

Los legisladores socialistas, principal fuerza de la oposición, apoyan en su mayoría el tratado pero para marcar su desacuerdo con la decisión de Sarkozy de no convocar un referéndum, han dicho que se abstendrían en el voto sobre la revisión constitucional.

Un sondeo de CSA, que publicará mañana el diario comunista "L'Humanité", muestra que un 59 por ciento de los franceses son favorables a un referéndum para ratificar el tratado de Lisboa.

En cambio, un 33% está a favor de su ratificación por el Parlamento, como ha decidido el jefe de Estado, mientras que un 8% no se pronuncia.