El Gobierno central y el Ayuntamiento calagurritano coordinan los esfuerzos para que las casi 600 reclamaciones presentadas por los daños causados por el coche bomba que explotó el pasado día 21 en Calahorra (La Rioja) se atiendan pronto y se satisfagan sus necesidades de forma rápida y eficaz.

Esta información la han facilitado hoy en Logroño, en una rueda informativa, el delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia; la subdirectora general de Apoyo y Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos; y el subdirector de Tasaciones del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía, Alfonso Manrique.

Ulecia ha añadido que la investigación sobre este atentado terrorista al cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, que causó dos heridos leves y daños estimados en unos 3,5 millones de euros, progresa y "tenemos la seguridad de que los autores y sus cómplices pronto estarán a disposición de la Justicia".

Ramos ha indicado que hoy se procederá a realojar a los vecinos afectados en hoteles y en viviendas de alquiler y se intentará, en colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra, "reponer la situación de las viviendas afectadas en su estado habitual lo más rápido posible y hacer que los vecinos estén en alojamientos provisionales el menor tiempo posible".

Su previsión es recoger las reclamaciones ya presentadas para iniciar cuanto antes los trámites, además de que cada afectado podrá mantener una relación directa con el instructor de su expediente.

Ha precisado que, en la reunión que mantendrá hoy con representantes de la Corporación de la Calahorra, se determinará si es el Ayuntamiento el que asume la contratación de las obras de reparación para que el Ministerio abone después los daños en la parte que no esté cubierta por las pólizas de seguros o es el Ministerio el que directamente contrate las obras.

Ulecia ha adelantado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales autorizará hoy a las empresas y trabajadores autónomos afectados por este atentado terrorista a diferir voluntariamente y durante un tiempo máximo de hasta un año el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente a los doce meses siguientes a la fecha de este acto terrorista.

Ha insistido en que se intenta "coordinar de la mejor manera posible los esfuerzos de todas las administraciones para que los afectados sufran durante el menor tiempo posible los efectos de este coche bomba y obtengan la satisfacción que merecen por unos daños que se les ha causado de una forma absolutamente condenable".

"El objetivo es lograr la mejor y la más rápida forma de satisfacer las necesidades de los ciudadanos afectados por la explosión", ha reiterado el delegado del Gobierno, quien ha remarcado la relación "fluida" y "abundante" que, con motivo de este atentado terrorista, existe entre el Ayuntamiento y el Ministerio.

También ha destacado la actuación "ejemplar" y "rápida" de la Policía Local de Calahorra y de la Guardia Civil, así como el riesgo que corrieron, ya que "tres minutos antes de la explosión, a diez metros de donde se produjo, estaban desalojando a ciudadanos que vivían en aquellas casas".

El estado físico de los dos heridos leves es "razonable", aunque "otra cosa es el impacto psicológico", ha subrayado Ulecia, quien ha aludido a que se invertirán unos 300.000 euros en habilitar algunas estancias del cuartel de la Guardia Civil en Calahorra, dotado con 73 agentes y 18 viviendas, de las que 16 estaban ocupadas.