Veinticuatro horas después de que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, apuntase por sorpresa que el Gobierno estudia permitir que las empresas reduzcan las jornadas laborales de sus empleados compensando la pérdida de salarios con ayudas públicas en concepto de desempleo, la medida ya es una cuestión prioritaria en la lucha para reducir los 4,12 millones de parados que, según la Encuesta de Población Activa, hay en España. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó ayer que la nueva modalidad de trabajo a tiempo parcial complementado por el Estado será la primera iniciativa que el Ejecutivo abordará con los sindicatos y las patronales una vez se reanude el Diálogo Social.

Precisamente ayer, los agentes sociales despejaron todavía más el camino para retomar la negociación tripartita que se interrumpió en julio. Las Juntas Directivas de CEOE y Cepyme aprobaron un documento consensuado con Comisiones Obreras y UGT para desbloquear los convenios colectivos pactados para 2009, lo que abre la vía para llegar a un acuerdo bilateral sobre los próximos tres años y contribuirá a restablecer lo antes posible el Diálogo Social, en el que intervendrá el Gobierno.

Los ajustes horarios servirían básicamente para la industria

Uno de los ejes de esas conversaciones tripartitas será la nueva propuesta del Ejecutivo en materia de contratación, y Corbacho señaló ayer que existe un 'amplio consenso' entre los interlocutores sociales para abordar un sistema que permita hacer 'suspensiones de horarios' como las que se llevan a cabo en Alemania. En el modelo laboral germano hay 1,1 millones de personas favorecidas por el régimen de contratación kurzarbeit.

Ahora se trata de que en España los golpes de la crisis 'no recaigan sólo en las plantillas', indicó Corbacho. 'En otras economías el despido es la última opción. Debería haber instrumentos en el medio para pasar los baches', añadió. Según dijo, el Gobierno articulará un mecanismo similar al vigente con los expedientes de regulación de empleo temporales, aunque los ajustes horarios sólo podrán hacerlos empresas de un 'tamaño mínimo'; sobre todo, de la industria, porque son difícilmente trasladables a la construcción y al sector servicios.

Lo más curioso es que en España ya se puede cobrar paro y trabajar al mismo tiempo. Sin embargo, la operativa es tan complicada que apenas se utiliza. Un real decreto de 1985 determinó que la situación legal de desempleo 'se acreditará', entre otras causas, 'cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria de trabajo en, al menos, una tercera parte, en virtud de la autorización conferida al empresario' para hacerlo 'por resolución dictada por la autoridad laboral competente en expediente de regulación de empleo (ERE)'. Más recientemente, el real decreto-ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo estableció la reposición del derecho a la prestación por desempleo 'cuando se autorice a una empresa en virtud de expediente de regulación o procedimiento concursal' a 'reducir el número de días u horas de trabajo'. Ambas disposiciones exigen, por tanto, que el empresario haga un ERE para que los trabajadores a los que se les reduce la jornada tengan derecho a cobrar paro, lo que desincentiva el uso de la fórmula. El futuro sistema partirá de ese modelo, presumiblemente suavizando sus requisitos, pero Corbacho no reveló más detalles. Una de las incógnitas más importantes es quién y cómo pagará las cotizaciones a la Seguridad Social que en condiciones normales pagan los trabajadores. Se espera, además, que la normativa exija la supervisión de la autoridad laboral, para evitar fraudes.

El sistema ya se puede utilizar en España, pero su aplicación es difícil

CEOE estaría dispuesta a negociar la medida y los sindicatos también la ven como una manera de contener la destrucción de empleo. No obstante, Comisiones Obreras subrayó la importancia de examinar si la financiación debería proceder del dinero de los subsidios (lo que reduciría esa red de protección) o de aportaciones extraordinarias, que supondrían un mayor déficit. UGT, por su parte, advirtió de que no hay que dejarse arrastrar por lo que se hace en otros países y recalcó que hay que analizar cómo vincular los incentivos a la reducción de jornada en las microempresas.

Los expertos también defienden la propuesta, aunque con matices. El socio director de Sagardoy Abogados, Iñigo Sagardoy, considera 'urgente' regular la reducción de la jornada laboral compatible con la prestación por desempleo, pero pide que se implemente a través de un sistema de bolsas de horas de trabajo que aporte flexibilidad en cuanto a las bandas horarias. 'El tiempo parcial está muy mal regulado, es muy rígido y no da facilidad al empresario', denunció Sagardoy.