BARCELONA.– Desde la reinstauración de la democracia, a Convergència i Unió (CiU) le ha gustado creerse un rol central en la vida política catalana: un pelín a la izquierda del PP y varias cabezas más a la derecha del PSOE, ni independentista ni lo contrario. Sin embargo, en esta última legislatura, la formación del mediocampo ha comenzado a escorarse por las bandas. El socialcristianismo ha cedido ante un cada vez más indisimulado liberalismo, mientras que la apuesta por el Estado propio ya no deja lugar a dudas. Sólo hay un ámbito en el que CiU sigue en medio: la corrupción. Prácticamente todos los escándalos destapados en Catalunya le salpican en el ojo del huracán. Si la federación nacionalista aún conserva algún centro es ese: el de los meollos, el de los contactos con empresarios, comisionistas y conseguidores, el de los trapicheos.

Históricamente, la política catalana ha tendido a verse a sí misma como una especie de oasis con respecto a la española. "Existen dos visiones contrapuestas. En 1936 se acuñó ese término para definir una política menos agitada que la de Madrid. Pero desde los sectores críticos del catalanismo se utiliza como sinónimo de la falta de voluntad para destapar escándalos de corrupción", señala a Público Xavier Casals, autor del libro El oasis catalán: espejismo o realidad. En cualquier caso, en la última década una serie de borrascas han terminado por arruinar el plácido microclima del palmeral. Los primeros nubarrones los desató en 2005 el president Pasqual Maragall, cuando dirigiéndose a la bancada convergente —entonces en la oposición— espetó: "Ustedes tienen un problema y se llama tres por ciento". Aludía a una supuesta práctica acuñada durante las dos décadas de pujolismo, en las que la administración autonómica habría exigido un pellizco a las empresas adjudicatarias de obra pública.

Pero, como lo dijo quien lo dijo, se contraatacó tildándolo de una maragallada más. Sin embargo, cuatro años más tarde una tormenta tronaba en el interior del Palau de la Música catalana. A su responsable, Felix Millet i Tusell, prohombre y patriota, se le acusa de expoliar con sordina más de 30 millones de euros si bien el juez ha declarado a Convergència Democràtica de Catalunya responsable civil "a título lucrativo".

En la última década una serie de borrascas han terminado por arruinar el plácido microclima de la política catalana

Maragall sabía de lo que hablaba: Millet ya había pasado por la cárcel a mediados de los 80 por un delito de estafa, pero ello no le impidió recibir la Creu de Sant Jordi —la más alta condecoración catalana— en 1999 de manos de Jordi Pujol. Quién sabe si cuando se la impuso el Molt Honorable, ambos evocaron mentalmente sus apuros conjuntos durante el caso Banca Catalana, el primer gran escándalo judicial de CDC.

En 1984, las pesquisas sobre Banca Catalana se instrumentalizaron desde las filas convergentes como un ataque de Madrid contra Catalunya y sus instituciones. Algo parecido a lo que ha ocurrido tres décadas después con el Palau, que según las investigaciones judiciales habría servido para desviar hasta 5,9 millones de euros hacia las arcas de CDC, básicamente a través de donaciones de empresas —como Ferrovial— a cambio de concesiones de obra pública —como la línea 9 del metro—. El entonces responsable del departamento de Obras Públicas, Felip Puig, está hoy al frente de los Mossos, un detalle que puede explicar por qué el juez Josep Maria Pijuan ha preferido encargar las pesquisas a la Policía Nacional y no al cuerpo autonómico. Las evidencias son tales que, este verano, el partido tuvo que aportar su sede en el carrer Còrsega como parte de la fianza de 3,2 millones impuesta por el juez Pijuan.

Apenas existe conexión evidente entre el Palau de la Música y Santa Coloma de Gramenet. El primero constituye un templo del catalanismo burgués que a principios del siglo pasado alimentó con su dinero sus aspiraciones patrióticas. Remachada en estilo modernista —el arte nacional de Catalunya— su sede en la Vía Laietana no puede diferir más de las grises construcciones de ladrillo vista de Santaco, en el extrarradio barcelonés, improvisadas durante los 60 para alojar el aluvión migratorio del sur de España. A un punto y otro, a pesar de distar apenas once kilómetros, los separan varias capas sociales y económicas. Vistos con perspectiva, suponen dos enclaves en las antípodas.

No es descartable que una hipotética mayoría absoluta de CiU el próximo domingo significara el cierre de la Oficina Antifraude de Catalunya creada por ERC

Sin embargo, hay algo que los une. También en Santa Coloma estalló un caso de corrupción que, a pesar de contar con ramificaciones a otros partidos (PSC, PP), volvía a involucrar las siglas de Convergència Democràtica de Catalunya. En este caso, la operación Pretoria afectó a Lluís Prenafeta, hombre de la más íntima confianza de Pujol, y Macià Alavedra, su conseller de Finanzas. Ambos desfilaron ante las cámaras esposados —junto con el alcalde socialista de la localidad, Bartomeu Muñoz—, y según un informe de la Fiscalía Anticorrupción se embolsaron más de 600.000 euros cada uno en comisiones urbanísticas. Alavedra, que ya había mantenido turbias relaciones con Javier de la Rosa y estuvo implicado en el caso Estevill —el más grave ejemplo de corrupción judicial detectado en la España democrática—, tuvo que dimitir en 1997 por sus actividades financieras en paraísos fiscales. Después de pagar un millón de euros como fianza, Alavedra sigue jactándose de hablar "a menudo" con la cúpula de CDC.

Mientras el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz instruye su caso, no dejan de aparecer nuevos escándalos. Hace unos meses, la Agencia Tributaria tildó a Oriol Pujol, único hijo del president con carrera en la administración pública, como "colaborador necesario" de una red de concesiones amañadas de las ITV. En ese mismo caso también aparece el nombre de Josep Tous, director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat entre 1994 y 2004. Tous dimitió el pasado marzo como número dos de la Diputación de Barcelona. Oriol Pujol, por su parte, ha negado en sede parlamentaria cualquier implicación —"no soy ni colaborador, ni necesario"—, a pesar de las grabaciones telefónicas en las que se le escucha diseñando un mapa teledirigido de concesiones de ITV con Heribert Padrol, ex diputado de CiU en el Congreso de los Diputados.Sanidad: no sólo recortes

Un ámbito en el que el govern de Artur Mas se ha mostrado especialmente activo a la hora de recortar, el de la Sanidad, también alberga algunos chanchullos con convergentes de fondo. Hoy mismo declara como imputado Josep Prat, hombre fuerte de CiU en este ramo, tras una denuncia de la formación anticapitalista CUP ante la fiscalía de la Audiencia Nacional por supuesta prevaricación. Prat, que atesora una extensa agenda de contactos fruto de su acumulación de cargos públicos y privados —un mero "conflicto estético", a juzgar por el conseller Boi Ruiz—, dimitió en junio como presidente del Instituto Catalán de Salud. Entre otras irregularidades, se le investiga por lucrarse con un centro de menores de la Generalitat y realizar unos pagos injustificados de 720.000 euros al también convergente Carles Manté a través de una empresa municipal de Reus.