Cospedal quiere vender montes públicos a empresarios forestales

La Junta de Castilla-La Mancha pretende desprenderse de una parte de los montes de titularidad pública de la comunidad vendiéndolos a particulares que pudieran estar interesados en su explotación forestal o de actividades de caza. El director general de Montes y Espacios Naturales de la Junta, Javier Gómez-Elvira, confirmó ayer la iniciativa en una reunión celebrada con Ecologistas en Acción, según afirma la organización ecologista.

En conversación con este diario, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha (de la que depende Montes y Espacios Naturales) ha rehusado confirmar o desmentir que la Junta esté planeando la venta de una parte de sus montes y ha solicitado remitir las preguntas correspondientes a la consejera María Luisa Soriano el próximo lunes en un acto en el que estará presente.

No obstante, la semana pasada funcionarios de la comunidad especializados en gestión de terrenos forestales y conservación de la naturaleza enviaron una carta dirigida a Gómez-Elvira y a Soriano para mostrar su "total desacuerdo" con la medida y recordar al Ejecutivo regional su incompatibilidad con la actual Ley de Montes.

Según Ecologistas en Acción, la Junta estaría planeando privatizar entre un 20 y un 30% de los 228 montes públicos de los que es titular, de acuerdo con una lista que la Consejería de Hacienda encargó a la de Agricultura para estudiar las condiciones de las fincas más ventajosas para su venta. "Entre los potenciales compradores ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas. Se piensa que los montes pueden interesar a empresarios con alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos y también a latifundistas colindantes con esos montes y que quieran ampliar sus posesiones. A estos postores se les ofrecería la posibilidad de precios muy ventajosos dada la situación actual del mercado inmobiliario", denuncia la organización.

Tal y como establece la legislación vigente, los montes de dominio público o demaniales son "inalienables, imprescriptibles e inembargables", lo que significa que no es posible su venta.

"La exclusión de montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procede si estos hubieran perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de las mismas, o hubieran desaparecido las causas para su afectación al uso o servicio público que motivó su declaración, si no ejercieran las prestaciones para el cumplimiento de sus fines, o si se produjera una declaración de prevalencia de otro interés público distinto al forestal. Ninguno de los montes que se pretenden excluir del Catálogo para su venta se encuentra en alguno de estos supuestos", remarca el texto de los funcionarios de la Junta.

Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, advierte de que legalmente la venta de estos montes es muy complicada y apunta a que la reforma de la Ley de Montes prevista por el Ministerio de Medio Ambiente introduzca modificaciones para facilitarla. "Sabemos el perfil del ministro Arias Cañete y los intereses que le rodean y esto puede ser un camino para que otras comunidades estén pensando hacer lo mismo con fines recaudatorios", asegura a Público.

Según la organización, entre las fincas que figuran en la lista se encuentran los montes toledanos el Dehesón del Encinar (Oropesa), Nava de Don Diego (Navalucillos) y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa (Los Yébenes).

Tanto los ecologistas como los funcionarios forestales de Castilla-La Mancha han arremetido contra las intenciones del Gobierno de Maria Dolores de Cospedal por lo que consideran "lo peor" que podría pasarle a esos terrenos.

"Los montes que se consiguieron salvar de la desamoritzación y se incluyeron en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública en el siglo XIX han sido y siguen siendo la base de la conservación de la naturaleza de este país", dice el texto de los trabajadores públicos. "No se está valorando que esto no tiene vuelta tras"; señala Hernández. "Si los venden y privatizan, ¿en qué momento la administración va a estar en disposición de recuperarlos?", concluye.