Cospedal recula y mantiene la prestación al menor con parálisis cerebral severa

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha ha rectificado y decidido anular la retirada de la prestación económica a un niño con parálisis cerebral severa valorado como gran dependiente desde 2008, tras la denuncia pública que realizó hace unos días la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad manchega.

"Nos alegramos de que la Junta, de palabra, lo haya retirado", ha expresado a Público el portavoz de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña. "Sin embargo, nos lamentamos de que seamos nosotros los que tengamos que estar alerta como si fuéramos policías para que estos casos no ocurran", ha manifestado.

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo que preside María Dolores de Cospedal decidió, a través de la revisión de expedientes antiguos, retirarle la ayuda de 440 euros al menor y ofrecerle como "alternativa" la escolarización en un Centro de Educación Especial.

Dicho centro es un colegio de enseñanza reglada y, por tanto, la Comunidad tomaba como opción dentro del catálogo de prestaciones de la Ley de Dependencia, "un error al estar el niño en edad de escolarización obligatoria y gratuita", ha explicado el portavoz de la Plataforma.   

La parálisis cerebral del menor se produjo por nacimiento prematuro a las 29 semanas y el pequeño de 7 años está reconocido como gran dependiente desde mayo de 2008 por lo que tenía admitida la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, la Consejería envió una propuesta de modificación del Programa Individualizado de Atención (PIA) en el que se le retiraba la ayuda y se le concebía la alternativa ya mencionada.

"Era una resolución cruel desde el punto de vista humano", ha señalado Gómez-Ocaña, "pero también era una resolución que no se ajustaba a derecho desde el punto de vista legal". Por ello, desde la Plataforma han asegurado que van a seguir "vigilantes" para denunciar cualquier intento de "realizar maniobras del mismo corte y que atentan contra la dignidad y los derechos, tanto humanos como legales".

En Castilla-La Mancha se ha reducido un 32% la partida para desarrollar la Ley de Dependencia, algo que ya ha sido denunciado por la Plataforma y admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.  Es por esto que, desde la organización denunciaron hace unos días las intenciones del Ejecutivo de Castilla- La Mancha a Público. 

"Queremos denunciar que la intención última del Ejecutivo que preside Cospedal es la revisión de oficio de todos los expedientes para retirarles la prestación que estaban recibiendo", ha manifestado el portavoz. Además, le ofrecen otra que "únicamente es utilizable para maquillar las estadísticas pero muy alejada de las necesidades reales del dependiente", ha expresado.