El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, se han repartido hoy culpas por la estancada renovación de algunos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El titular de Justicia y la número dos del PP, quien ha reprochado a Caamaño no haber salido en defensa del alto tribunal, hasta el punto de que esta reivindicación la asumió ayer su presidenta, María Emilia Casas, se han enzarzado hoy en un tenso debate durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el pleno del Senado.

Ambos han relatado dos versiones muy diferentes sobre cómo cuatro de los magistrados del Constitucional, los que dependen del Senado, permanecen aún en sus puestos a pesar de haber agotado el mandato, y si para De Cospedal la responsabilidad es del Gobierno, para Caamaño la culpa hay que atribuirla al PP.

La secretaria general de los populares, sin embargo, ha acusado también al Ejecutivo de "estar sometiendo a casi todas las instituciones del Estado a unas presiones intolerables", especialmente dos de las más importantes del ordenamiento español, el Constitucional y el Supremo.

La situación, según ha recalcado De Cospedal, llevó ayer a Casas a "salir en defensa" del Tribunal Constitucional a pesar de que deberían haber hecho eso mismo los integrantes del Gobierno, en concreto el propio Caamaño.

Ha añadido: "Está siendo el PSOE el que avala los ataques al Constitucional".

De Cospedal ha sentenciado que la responsabilidad del deterioro que puedan padecer algunas instituciones será únicamente del equipo de Zapatero.

Caamaño ha respondido con una reclamación al PP: "Sigan el criterio de la Constitución y actúen con lealtad, y hagan posible la renovación de las instituciones democráticas".

Precisamente sobre la renovación del Constitucional, la dirigente del PP y el ministro de Justicia han ofrecido dos versiones muy diferentes.

Caamaño, tras indicar que el Gobierno "siempre ha actuado con respeto institucional y lealtad institucional", ha manifestado que si el plazo de renovación de cuatro magistrados no ha culminado, se debe a que "el PP ha hecho todo lo posible para impedirlo".

Primero, de acuerdo con sus palabras, los populares recurrieron la modificación de la Ley Orgánica del TC aprobada en 2007 para permitir que los parlamentos autonómicos incidieran en la designación de los magistrados; segundo, los populares recurrieron la modificación del reglamento del Senado que daba pie a la participación de las comunidades.

En ambos casos, el alto tribunal estableció qué procedimiento encajaba con la Constitución.

Pese a ello, ha afirmado Caamaño, el "puesto de mando" del PP "dio la orden de que se presentaran sólo dos candidatos" en las listas de los parlamentos autonómicos en los que los populares tienen mayoría, negando con ello la autonomía de las cámaras territoriales, según el ministro.

Para De Cospedal, es el Gobierno el que "ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo".

Por un lado, ha subrayado, modificó la Ley Orgánica del TC creando "minorías de bloqueo", y por otro, propició que Casas alargara su mandato.

"Y luego cambiaron el procedimiento para que los magistrados del Constitucional los designaran las comunidades autónomas, pero nuestras propuestas no les gustaron, y entonces interrumpieron 'sine die' el proceso de elección", ha resumido la dirigente del PP.