Las cotizadas tendrán hasta mediados de 2011 para suprimir sus blindajes

El PSOE y CiU sacaron hoy adelante en el Congreso la supresión de las limitaciones de voto en las empresas, una medida que afectará únicamente a las sociedades cotizadas, como Iberdrola, Repsol o Telefónica, y que deberá adoptarse en el plazo de un año desde que entre en vigor la norma, es decir, a mediados de 2011.

El grupo parlamentario socialista, que en principio pretendía que los blindajes se suprimieran antes de enero de 2011 y en todo tipo de empresas, ha aceptado las variaciones introducidas por CiU tras el pacto alcanzado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del grupo catalán en el Congreso, Josep Antoni Durán Lleida.

Aunque el PSOE pretendía recabar el máximo consenso posible, la enmienda -que introdujo por sorpresa en el proyecto de ley de reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas- recibió el rechazo frontal de PNV y ERC-IU-ICV, y contó con la abstención de Grupo Mixto y PP, que hasta el último momento no reveló el sentido de su voto.

La mayoría de grupos de la oposición denunciaron que la norma está dirigida a beneficiar sobre todo a ACS y Sacyr Vallehermoso, máximos inversores, respectivamente, de Iberdrola y Repsol, que deberán suprimir sus blindajes en las juntas ordinarias de accionistas que celebren el próximo año.

La portavoz socialista Marta Gastón volvió a defender hoy que la norma no lleva "ni nombres ni apellidos" y que ya estaba prevista en el programa electoral del PSOE.

En cualquier caso, explicó que el plazo establecido permitirá evitar que las empresas afectadas por la prohibición de los blindajes se vean obligadas a celebrar precipitadamente una junta extraordinaria de accionistas para reformar sus estatutos.

En concreto, la enmienda -cuya votación se aplazó en dos ocasiones- establece que las empresas que actualmente cuentan con este tipo de blindajes tendrán "un año desde la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial del Estado" para adaptarse a la nueva normativa.

Además, las sociedades que empiecen a cotizar en bolsa deberán eliminar de sus estatutos las limitaciones a los derechos de voto "en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de admisión" a negociación de sus títulos.

Pese a contar con el apoyo "sagrado" de CiU, el PSOE deberá volver a negociar en el Senado, ya que el PP tiene previsto mantener una enmienda que presentó durante la sesión de hoy.

Esta busca limitar las posibilidades de concertación de grupos de accionistas (obligando a lanzar una opa a aquellos que cuenten con el 30% del capital o más) y que otorga al Ministerio de Industria un control sobre los inversores extracomunitarios que se hagan con el 25% de una empresa española.

La propuesta popular fue rechazada por el resto de grupos debido a la ausencia de tiempo suficiente para analizar el impacto de la medida, según explicaron los portavoces tanto de CiU como del PSOE.

En cualquier caso, el pacto entre estos dos grupos pone punto y final al artículo 105.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establecía que "los estatutos podrán fijar con carácter general el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo".

La finalidad de esa norma era proteger a los accionistas minoritarios frente a la prepotencia de los mayoritarios, aunque en la práctica ha servido para desalentar la toma de control, sobre todo, en grandes sociedades cotizadas.

El Código Unificado de Buen Gobierno, aprobado en mayo de 2006 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recomendaba a las sociedades cotizadas suprimir las cláusulas de limitación del número de votos, aunque paradójicamente no incluyó esa sugerencia en el anexo de recomendaciones al Gobierno.

En 2008, 14 empresas cotizadas tenían esas limitaciones en sus estatutos, una cifra inferior a las 23 que figuraban en 2005 pero que en cualquier caso sitúa a España entre los países europeos donde esta cláusula es más utilizada.