Un crédito salva la paga extra de los funcionarios de la Generalitat

"Agilidad, adelgazamiento y austeridad". La célebre triple A de Artur Mas durante la campaña electoral de 2010 que llevó a CiU a la Generalitat para referirse al sector público no ocultaba un ideario liberal que tiende a situar a los funcionarios en el punto de mira.

Una rueda de prensa de emergencia del conseller de Economia, Andreu Mas-Colell,y del portavoz del Govern, Francesc Homs, zanjó una larga polémica a cuenta de la paga extra de los funcionarios. Según anunció el primero, los trabajadores públicos podrán cobrar finalmente el 100% de la paga antes de que acabe este mes. Para lograr cumplir con este compromiso, el Govern ha firmado un crédito con el Banc de Sabadell. Fue el propio Ejecutivo el que descartó que esta cantidad pudiera cobrarse íntegramente antes de que acabara 2011.

El Govern firma una operación con el Banc de Sabadell por más de 70 millones

De este modo, el último capítulo del culebrón navideño protagonizado por el Govern convergente ha coincidido con la celebración de su primer año de existencia. Y el último episodio resume fielmente las tensiones que se han sucedido en los últimos meses entre el Ejecutivo y los trabajadores públicos.

Las hostilidades no tardaron en desatarse: el 1 de febrero, Oriol Pujol, presidente del grupo parlamentario de CiU, manifestó que la situación financiera de la Generalitat era "dramática" y que "prácticamente no se pueden pagar las nóminas" de los funcionarios. El Ejecutivo no confirmó unas palabras que llegaron en plena ofensiva ante el Gobierno central para lograr el pago de los 1.450 millones que reclama a cuenta del Fondo de Competitividad.

Tras diversos avisos por parte de Mas-Colell de que el sector público está "sobredimensionado", en verano se conocieron los Presupuestos de 2011. Incluían un recorte del 10% en el gasto respecto a 2010 y propiciaron despidos de personal eventual y en organismos como la Agencia Catalana de Cooperación.

Las nóminas públicas se convierten en una baza negociadora de Mas ante Madrid

Pero ha sido sobre todo a lo largo del último mes cuando la situación se ha agravado. Coincidiendo de nuevo con la reclamación de una partida económica al Estado en este caso los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatut correspondiente a 2009, el Govern alertó del impacto que tendría en sus finanzas la ausencia de esa cantidad advirtiendo que existía el riesgo de que los funcionarios se quedaran sin paga de Navidad.

Artur Mas añadió además mayor incertidumbre a los empleados públicos anunciando un nuevo recorte de sus salarios como el que hizo el Gobierno central el 12 de mayo de 2010. "No será un porcentaje importante", dijo el president, que recordó a los funcionarios que "tienen trabajo asegurado de por vida y es lógico que se les pueda pedir un sacrificio extra". En esa misma comparecencia, el president abrió la puerta a la privatización de empresas y organismos públicos.

Poco después, Mas-Colell presentó las Cuentas de 2012, con nuevos recortes y la pérdida de 831 puestos de trabajo en el sector público. Tras volver a criticar los impagos por parte de Madrid, la Generalitat anunció que no abonaría el 20% de la paga extra de Navidad, anunciando que quedaría para 2012.

Sin embargo, las previsiones de la Generalitat mejoraron. La inyección de 500.000 millones de euros del Banco Central Europeo en los mercados abrieron la puerta a conseguir un crédito. Pero las prisas comenzaron verdaderamente cuando los funcionarios catalanes denunciaron que en su paga extra se había retenido el IRPF del dinero no cobrado, un error por el que el propio Artur Mas se ha disculpado.

El crédito del Banc de Sabadell de más de 70 millones de euros a un interés del 6% hará posible que ese 20% restante de la paga se cobre antes de 2012 y apacigüe las aguas por el momento. Habrá que ver cuánto dura esta paz.