Los crímenes que España no investiga

Baltasar Garzón ya está lejos de España, en La Haya, aunque sigue a un paso de sentarse en el banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.

Mientras, los juzgados que heredaron su polémica causa van avanzando todos juntos en la misma dirección: archivar sin investigar. Salvo excepciones, la respuesta suele ser la misma en los juzgados territoriales, en las Audiencias Provinciales e incluso en el Tribunal Constitucional, que ya ha denegado el amparo cuando se le ha solicitado.

Ante el acoso de la fiscalía y de la propia Audiencia Nacional que acabó quitándole el caso, Garzón se inhibió a finales de 2008 en favor de 46 juzgados territoriales, cifra que posteriormente fue creciendo hasta más de 60.

A esos juzgados remitió el juez material para investigar más de 114.000 desapariciones y crímenes que el fiscal de la Audiencia Nacional consideró "delitos comunes" y no de lesa humanidad. Según la jurisprudencia internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser amnistiados.

Sobre el papel, España está investigando estos asesinatos, como resaltó a principios de mes la jueza argentina María Servini de Cubría para explicar por qué no admitía a trámite la querella presentada por las víctimas españolas. Pero la realidad es muy distinta. Un análisis exhaustivo de los 46 juzgados que recibieron inicialmente la causa troceada es tajante: un mínimo de 26 (casi el 60%) ya ha archivado sin investigar ni escuchar a las víctimas.

El porcentaje de juzgados que no investiga es, en realidad, mucho más alto. Ello se observa mejor si se plantea al revés: de los 46, únicamente tres han dado pasos relevantes en la dirección que impulsaba Garzón: de un lado, Aurora María Fernández, de Granada ,y Miguel Ángel Aguilera, de El Escorial, han planteado una cuestión de competencia para que el sumario vuelva a la Audiencia Nacional al considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

Garzón se inhibió a finales de 2008 en favor de 46 juzgados territoriales

Del otro, la jueza de Benavente (Zamora), Tania Chico, asumió la tesis de los "delitos comunes", pero abrió una fosa por orden judicial, estuvo al pie de los trabajos en la recuperación de los cuerpos de los fusilados y se hizo acompañar por agentes de la policía judicial para investigar las causas de la muerte y el enterramiento de las víctimas.

Chico se limitó a cumplir la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo exige cuando se encuentran restos de muertos con signos de violencia, algo excepcional en las causas heredadas de Garzón. Miguel Ángel Martín, en Palencia, que recibió la causa con posterioridad, también investiga: al menos ha tomado declaración a testigos de asesinatos.

Los 17 juzgados restantes del listado inicial están en stand by. Los abogados creen que algunos ya han sido archivados, a la espera de la notificación. Y otros están a la espera de que el Supremo resuelva la cuestión de competencia planteada por Granada y San Lorenzo de El Escorial.

Los motivos para archivar se repiten en todos los juzgados: se trata de delitos prescritos o no tipificados en el momento de los hechos el Código Penal no incorpora la lesa humanidad hasta 2003 o fueron perdonados por la Ley de Amnistía de 1977 o es tarea de la Ley de Memoria Histórica aclarar los casos particulares.

Los motivos para archivar se repiten en todos los juzgados

Cuando los autos se recurren, las Audiencias Provinciales ratifican lo decidido en primera instancia, con la única excepción de la de Burgos, que el pasado enero obligó al juzgado de Villarcayo Merindad al menos a practicar diligencias.

Las Audiencias son más duras que los juzgados de instrucción. El auto de archivo dictado el 2 de abril en la Audiencia de Zaragoza reproduce uno previo de la de Badajoz en el que consideran el propósito de las víctimas "de indudable interés histórico y antropológico". Y en la de Madrid citaron ya los autos de Luciano Varela como si fueran jurisprudencia. Las víctimas ya no esperan nada de la Justicia española.