La crisis bancaria le ha costado 4.400 euros a cada familia británica

La cifra total del dinero público empleado para reflotar a los bancos británicos, que estuvieron al borde del colapso en octubre de 2008, asciende a 850.000 millones de libras (937.000 millones de euros o 1,4 billones de dólares).

Así lo pone de manifiesto un informe de la Oficina Nacional Auditora (NAO), conocido hoy, que ofrece una cifra mucho mayor de la conocida hasta ahora y que es el equivalente a entregar a cada familia del Reino Unido 4.000 libras (4.412 euros o 6.650 dólares).

La cantidad recibida por los bancos supera el presupuesto anual del Servicio Nacional de Salud (NHS), triplica la partida destinada a Defensa y quintuplica el gasto anual en transporte.

La NAO, el organismo encargado de supervisar la transparencia del gasto público, señaló que la cifra definitiva podría tardar años en conocerse y que incluye los planes de rescate de las entidades financieras y los préstamos y garantías concedidas por el Tesoro.

Además, habrá que sumar el dinero que le han costado al Estado los servicios de asesoría financiera y legal contratados.

Por ejemplo, cita el informe de la Oficina, Credit Suisse recibirá 15,4 millones de libras (17 millones de euros o 25,6 millones de dólares), a razón de 300.000 libras mensuales.

La NAO critica el contrato de estos servicios, que incluyen unas comisiones no definidas en función del éxito que se consiga, aunque reconoce que, siempre que el gasto esté por debajo de las 100 millones de libras, serán los bancos parcialmente nacionalizados -Lloyds Banking Group y RBS- los que se hagan cargo de la minuta.

No obstante, la NAO considera "justificado" que el Estado hiciera uso de estos recursos financieros sin precedentes a cuenta del bolsillo de los contribuyentes para proteger a la industria, cuyo colapso total hubiera sido catastrófico para el país.

Según la NAO, el rescate multimillonario de los bancos logró el objetivo de evitar que la crisis se extendiera y salvó los ahorros de los británicos, pero fracasó en su objetivo de reanudar los niveles normales de crédito a las empresas y los particulares, una de las razones de que la economía británica siga en recesión.

El informe ofrece también detalles desconocidos sobre la gravedad de los problemas del RBS (Royal Bank of Scotland) antes de que fuera rescatado por el Gobierno, que creyó hasta el último momento que la situación financiera de la entidad era "razonablemente sólida".

RBS recibió 36.000 millones de libras de dinero público -una cifra que se conoció el pasado mes de noviembre, un año después de su desembolso-, y todo apunta a que la cifra total del plan de rescate asciende a 131.000 millones de libras.

El Departamento del Tesoro afirmó que recibe positivamente el informe y que ofrecerá una respuesta detallada ante la comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes el día 14.

El presidente de esta comisión, Edward Leigh, llamó la atención sobre "la extendida sospecha de que los bancos rescatados utilizan los fondos recibidos simplemente para llenar sus bolsillos de oro", sobre todo al saberse que "probablemente no serán capaces de cumplir sus compromisos crediticios con las empresas".

El Gobierno británico hizo este jueves un llamamiento a los banqueros para que asuman la realidad actual y se resignen a dejar de cobrar sus primas millonarias, después de que la directiva del RBS insinuara que dimitirá si se le recortan los incentivos.

El secretario de Estado responsable de la "City" (centro financiero de Londres), Paul Myners, conminó a los financieros a "volver al mundo real", mientras que el ministro de Empresa, Peter Mandelson, les pidió que mostraran "contención".

Las declaraciones de miembros del Gobierno se produjeron al trascender que el consejo de administración del RBS ha pedido asesoría legal para dimitir en bloque si no cobran primas.

Los altos ejecutivos reaccionaron así a una reciente afirmación del ministro de Economía, Alistair Darling, en el sentido de que el Tesoro, en su condición de accionista mayoritario, tendría derecho a intervenir en las decisiones sobre retribuciones en el RBS.

El banco escocés, propiedad del Estado en un 70 por ciento -que podría ampliarse en el futuro a un 84 por ciento cuando la entidad entre en un plan de protección de activos-, considera que debe pagar esas primas para mantener su competitividad inversora.