Hungría asume hoy la presidencia de la Unión Europea con sus esfuerzos puestos en la economía y con el desafío de poner coto a la crisis de la deuda en la zona euro, que ha llevado al rescate financiero de Irlanda y Grecia.

Con un fuerte gobierno liderado por el conservador Viktor Orbán, criticado dentro y fuera del país por la reciente aprobación de una polémica ley de prensa, asume el cargo por primera vez, después de su integración en la Unión Europea (UE) el 1 de mayo de 2004.

El gabinete magiar ha fijado como elementos esenciales de su presidencia la mejor coordinación de las políticas económicas y enviar a los mercados financieros un mensaje de calma.

El ministro magiar de Asuntos Exteriores, János Martonyi, ha subrayado que "la prioridad es la economía" y pese a las dificultades, el presidente de la República, Pál Schmitt, ve en los próximos seis meses "una gran posibilidad".

El país centroeuropeo, si consigue salir airoso de los desafíos, podrá "ganar prestigio", dijo Schmitt en un discurso pronunciado en la televisión pública húngara tras iniciarse el nuevo año.

Budapest apuesta por acelerar el llamado "semestre europeo", por el que los Gobiernos de la UE tendrán que adelantar el envío a Bruselas de las principales líneas de sus presupuestos para el ejercicio siguiente, antes de que sean aprobadas por sus respectivos parlamentos nacionales.

Otro asunto que la presidencia húngara se ha propuesto es redactar un documento europeo para unificar las medidas a adoptar por todos los socios comunitarios con el fin de mejorar la integración de la minoría gitana.

Pero por otro lado, Hungría comienza la presidencia en medio de una lluvia de críticas, por haber aprobado este mes una polémica ley de medios, que ha creado un poderoso "Consejo de Medios" para supervisar la prensa local.

A pesar del rechazo de fuera y dentro del país, Schmitt ratificó las nuevas disposiciones hace tan sólo dos días, en vísperas de asumir el país la presidencia comunitaria, rotativa y semestral.

Entre otros, la ley establece el citado Consejo con amplios poderes, compuesto por miembros nombrados por el gobernante partido Fidesz, que cuenta con más dos tercios de los escaños en el Parlamento.

La ley fue criticada explícitamente por la canciller alemana, Angela Merkel, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y el Ministerio británico de Asuntos Exteriores.

En las elecciones legislativas del pasado abril, los húngaros votaron en masa a los seguidores del Fidesz, dirigido por Orbán, castigando a los socialdemócratas que estaban en el poder y a quienes culparon de la difícil situación económica del país.

Orbán calificó entonces su victoria como "una revolución de las urnas" y elaboró una serie de medidas para incrementar los ingresos del Estado en un ambiente de mínima resistencia judicial.

Después de la formación del nuevo gobierno se introdujeron diversas medidas, como un impuesto a la banca, a las compañías de seguros y a los fondos de inversión, que despertaron fuertes críticas no sólo en Hungría sino también en otros países europeos, sobre todo de aquellos cuyos bancos son muy activos en ese país.

"Esta medida hirió los intereses de negocio de países como Alemania y Francia, a través de sus multinacionales, algo que seguramente afectará las relaciones de Hungría con estos países", explicó a Efe Péter Krekó, director de investigaciones del instituto Political Capital.

Siguiendo esta política, el gabinete anunció que los fondos privados de pensiones de tres millones de ciudadanos, por un valor total de 10.000 millones de euros, fueron puestos temporalmente bajo disposición del Estado, lo que ha sido interpretado como una "renacionalización" del sistema de pensiones y generado preocupación en Bruselas.

El comisario europeo de Asuntos Monetarios, Olli Rehn, advirtió de que la utilización de los fondos de las cajas de pensiones para financiar gastos actuales del Estado no contribuye a un presupuesto sostenible.

Marcelo Nagy