Hace una semana, Pablo Pineda pisó la alfombra reservada a las estrellas del cine en la entrega de los premios Goya. Este joven con síndrome de Down se quedó a las puertas de conseguir el galardón como mejor actor revelación. Sólo un año antes, a Juan Manuel Montilla, El Langui (cantante de hip hop, autor de un podcast y escritor), su parálisis cerebral no le impidió ganar dos estatuillas del Goya. Son dos ejemplos de superación, pero también son la excepción.

La mayoría de los rostros de la discapacidad tiene otra suerte. Marcos es uno de esos miles de personas que busca empleo en medio de una crisis económica que se ceba con este colectivo. "Sólo quiero trabajar, de lo que sea", clama. Si en épocas de bonanza las personas con discapacidad ya tienen problemas para encontrar trabajo, durante la crisis su contratación ha caído en picado y acceden sólo y apenas a puestos poco cualificados.

5.000 personas con deficiencias cognitivas trabajan en alguna empresa

Sólo en 2009, el número de contrataciones de este colectivo descendió un 15%. Un porcentaje que ha provocado que su tasa de paro sea cuatro veces superior, según datos de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). La inserción laboral es todavía más complicada cuando el candidato sufre una discapacidad intelectual: el porcentaje de desempleados aumenta hasta el 60%.

Ni siquiera el progresivo incremento de empleo público durante los últimos años ha conseguido reducir el impacto de la crisis en uno de los colectivos más vulnerables. En 2009, las plazas reservadas para trabajar en la Administración ascendió hasta 382 (103 para trabajadores con discapacidad cognitiva), según los últimos datos del Ministerio de Presidencia.

"España está a la cabeza en materia legislativa, pero hace falta que las leyes se cumplan. El aumento en la reserva de plazas es una declaración de intenciones, ya que se aprueba sólo el 3% de los puestos", asegura el presidente de COCEMFE, Mario García.

La Administración reservó 382 plazas para este colectivo

La mayoría de estas plazas pertenecen a la Administración General del Estado y a Justicia, y se corresponden con los grupos de funcionariado de menor cualificación. El esfuerzo por ampliar la oferta pública a las personas con discapacidad se realiza a distintas velocidades. El último avance lo ha dado este mes el Ministerio de Educación, que incorporará cláusulas sociales para facilitar que estas personas accedan a los concursos o contratos públicos más allá del mínimo del 7% establecido por ley. Navarra también ha ido más allá al obligar a reservar el 6% de los contratos públicos a empresas sociales, como Centros Especiales de Empleo.

Las posibilidades de inserción laboral son aún más reducidas para quienes padecen discapacidad intelectual, con un 60% de desempleo. De los casi cuatro millones de discapacitados que hay en España, 230.000 tienen una deficiencia cognitiva. Alrededor de 50.000 pueden desempeñar un empleo, pero no es fácil: sólo 5.000 de ellos trabajan actualmente en alguna empresa y otros 10.000 en Centros Especiales de Empleo, gestionados por ONG, según datos de la Federación en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS).

Marcos se ha propuesto un nuevo reto: prepararse para unas oposiciones a ordenanza en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde reside. La labor de las ONG en este sentido es crucial. Marcos ha alcanzado sus últimos trabajos a través de la bolsa de empleo de la Asociación Apadis, una entidad que ayuda a las personas con discapacidad intelectual.

"En épocas mejores, los empresarios eran más sensibles, pero con la crisis se ha resentido mucho", critica el vicepresidente de la Asociación para el Empleo de Personas con Discapacidad Intelectual (AFEM), Roberto Álvarez. "A los empleadores les importa la estética y demandan trabajadores cuya discapacidad no se note a simple vista", denuncia.

Otro de los prejuicios que soportan las personas con discapacidad intelectual es que no pueden desempeñar trabajos físicos.