'En 2010, la recaudación va a bajar, y mucho, debido al impacto de la crisis. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando por las personas'. El presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara, lo apuntó la pasada semana, durante la presentación de la Campaña de la Renta.

La crisis galopante hará que disminuya el número de españoles que estén obligados a hacer la Declaración de la Renta y, por ende, la contribución al Estado. Junto a la Administración Pública, las otras grandes damnificadas serán las instituciones que reciben directamente dinero de la Renta: ONG e Iglesia católica. De hecho, los peores presagios apuntan a que se podría producir un descenso de casi la mitad de las aportaciones. Incluso, no son pocos los que temen que, en la actual tesitura, los contribuyentes no marquen ninguna casilla en la declaración de este año, con lo que lo recaudado iría a parar directamente al Erario público.

El temor a una pérdida de poder adquisitivo, así como el convencimiento de que las ONG cumplen una función social de primer orden, ha llevado a las plataformas de ONG a reclamar dos opciones de futuro al Gobierno. De un lado, la petición de que se establezca una cuantía mínima, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como ya sucede con los proyectos de Cooperación Internacional (el 20% de los fondos de Otros Fines).

En la práctica, sería el Estado quien otorgaría el dinero y posteriormente lo 'recuperaría' en virtud de las casillas marcadas.

La otra opción, también planteada ante el Ministerio correspondiente, estriba en 'incrementar el porcentaje, pasando del 0,7% actual al 1%', explicó Juan Lara. En cualquier caso, las ONG apuntan que, si el Gobierno aprobara todos los proyectos presentados, serían precisos más de 400 millones de euros.

Cuestión bien distinta es la referente a la Iglesia católica. Una vez que se ha eliminado el complemento presupuestario, los obispos 'sólo' dependen de la aportación de los fieles. En el entorno eclesial, además, se contempla de modo crítico la propuesta del Ejecutivo socialista de hacer que las instituciones eclesiásticas comiencen a pagar los impuestos de los que, desde 1953, están exentos.

Según el Proyecto de Orden Ministerial, las instituciones que no se destinen al culto (colegios, hospitales o centros asistenciales) habrán de costear, por ejemplo, el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) cada vez que hagan una reforma.

Hasta hace dos años, la Iglesia estaba exenta de desembolsar el IVA. La amenaza de sanciones a España por parte de la UE hizo que se modificaran los Acuerdos Iglesia-Estado, que no recogen las exenciones para todo tipo de impuestos. El Proyecto de Orden motivado por la Comisión Europea plantea que las instituciones de la Iglesia paguen sus tasas, como cualquier otra.

La Ley ya exime a la Iglesia católica de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que sí tienen que abonar colegios, comedores, hospitales o residencias de ancianos.