Crítica sindical a la reunión de empresarios

La reunión del pasado sábado entre el Gobierno y los responsables de 37 grandes empresas españolas no ha gustado a los sindicatos, que ven en ella una prueba más de las cesiones del Ejecutivo al mundo empresarial y financiero. "No parece que pueda servir para solucionar los problemas reales de la sociedad española", señaló ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

El malestar va más allá. Tanto UGT como CCOO opinan que el encuentro no sirvió para que el Gobierno pusiera los puntos sobre las íes a los empresarios sino más bien al revés. Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la reunión pone de manifiesto dos asuntos graves: "La supeditación de poder político al mundo de las finanzas y que el mundo empresarial ha ido a ponerle tareas a los representantes democráticos".

Méndez se mostró también muy crítico. "De lo que se trataba es que de allí saliera que los 37 iban a tirar del carro, pero lo que se extrae es que los 37 no sólo no van a tirar del carro para salir de la crisis sino que van a seguir montados en él y van a tener que seguir tirando los ciudadanos", aseguró.

Además, en la reunión del sábado, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, reclamó al Gobierno celeridad en la reforma de la negociación colectiva. "En lugar de apelar al Gobierno, Botín debería apelar a su propia organización", dijo Toxo, en referencia a la CEOE, a la que los sindicatos han acusado de obstaculizar la reforma.

El líder de CCOO subrayó que, hasta ahora, los pasos que se han dado para avanzar en esa reforma han estado condicionados por la "crisis institucional" de la CEOE. "El hecho de que los empresarios interpelen directamente al Gobierno puede entenderse como un alejamiento de la vía por la que deben resolverse la negociación colectiva, que es la del diálogo entre sindicatos y patronal", afirmó al respecto Méndez.

UGT y CCOO han participado junto a la Plataforma de ONG 2015 y más y a ATTAC en la elaboración de un manifiesto y una campaña por la aprobación de un impuesto sobre las transacciones financieras y la supresión de los paraísos fiscales. Sindicatos y asociaciones señalaron que este impuesto podría aportar hasta 100.000 millones de euros a las arcas europeas.

"No sólo es un impuesto recaudatorio sino también controlador y regulador", destacó el presidente de Attac, Carlos Martínez. En la misma línea, el líder de UGT hizo hincapié en que permitiría dotar de más transparencia a los flujos financieros: "Estarían bajo luz y taquígrafos".