Cuatro fondos extranjeros con intereses en energía renovable en España han presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI (el mismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF) por el impacto en la remuneración de sus inversiones que ha tenido la reforma eléctrica del Gobierno español. RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux, fondos del vehículo de inversión en infraestructuras de Deutsche Bank, por una parte, y Antin Infrastructure Services Luxembourg y and Antin Energia Termosolar, vinculados al banco francés BNP, por otra, presentaron el pasado 22 de noviembre sendas demandas de arbitraje contra el Reino de España.

Las solicitudes ante este organismo dependiente del Banco Mundial  se suman a otras demandas como la presentada en 2011 por inversores fotovoltaicos que invocaron la denominada Carta de la Energía, cuya finalidad es proteger las inversiones en otros países. Además, compañías como Acciona o Abengoa han tomado acciones legales contra distintos puntos de la reforma emprendida por el ministerio español de Industria.

El asesor legal de los arbitrajes ante el CIADI y la Carta de la Energía es Allen & Overy, un bufete especializado con central en Londres cuyos servicios han contratado fondos e inversores internacionales con intereses de más de 13.000 millones en energías renovables en España.

Las inversiones en energía renovable españolas ya sufrieron recortes durante el último mandato del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se han resentido también con medidas adoptadas por el actual Gobierno como la tasa lineal a la generación eléctrica y la desvinculación de la inflación a la hora de fijar su remuneración.

Actualmente, el sector de renovables vive pendiente del informe que están elaborando dos consultoras independientes, Boston Consulting y Roland Berger, y que concretará el vago concepto de rentabilidad razonable fijando los ingresos que recibirán las inversiones verdes. Según fuentes del sector, cuando se conozcan los detalles del informe la litigiosidad contra el Gobierno podría intensificarse.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables aprobados como parte de la reforma energética y ha considerado que las firmas que han presentado una denuncia contra España ante el CIADI aspiraban a rentabilidades del 20%. 'Estas empresas hicieron unas inversiones considerando que iba a haber una rentabilidad razonable superior al 20% durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría', afirmó el ministro durante unas jornadas organizadas por las Cámaras de Comercio.

El ministro aseguró que 'los servicios jurídicos del Estado han respaldado lógicamente todas las disposiciones que se han adoptado en materia de reforma eléctrica', encaminadas a 'sentar en definitiva una rentabilidad razonable para todas las actividades reguladas'. 'No hay ninguna disposición, norma o ley en España que diga que la rentabilidad razonable de una actividad regulada tenga que ser del 15%, 20% o 25%', indicó, antes de recordar que el retorno para las renovables se ha fijado en el 7,5%.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido a las compañías electricas que retiren los recursos contra la reforma energética del Gobierno si quieren avales del Estado para la titulización del déficit de tarifa. 'Hemos hablado con las eléctricas', continuó, para ver 'en qué condiciones este desfase puede tener el aval del Gobierno'. El objetivo, dijo, es alcanzar una 'fórmula' para resolver la financiación del desajuste de 2013, 'siempre y cuando haya un compromiso de las eléctricas de no seguir recurriendo, porque si recurren podría haber repercusión sobre los precios, y en ese caso no habría ningún tipo de avales' a la deuda eléctrica.

El ministro ha señalado que el Ministerio de Hacienda y las empresas del sector actualmente mantienen conversaciones para ver cuáles son las condiciones bajo las que el déficit del sector puede contar con aval público. Según ha dicho, el Gobierno ha eliminado la aportación al sistema eléctrico que tenía comprometida en 2013 (3.600 millones de euros) debido a que hay 'un objetivo superior, que es el déficit público'.

Soria también aseguró que, sin servir de 'consuelo', las subidas de la luz en los dos últimos años han sido las menores en ocho años. Entre 2005 y 2011, el recibo se encareció un 63%, señaló.