Los culpables de la crisis salen indemnes de la batalla judicial

Es una pregunta que surge a menudo cuando se habla de la crisis financiera: ¿Por qué ninguno de los responsable de las entidades que participaron en el gigantesco fraude está en la cárcel? La respuesta es compleja: tiene mucho que ver con las circunstancias en las que se produjeron los abusos, la magnitud del descalabro, los vericuetos legales, la falta de recursos del Gobierno, y las estrechas relaciones entre Washington y Wall Street.

La Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) está liderando la pelea contra Wall Street, junto con la Reserva Federal y, en menor medida, la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos Bancarios (FDIC). Sus esfuerzos se suman a los del Congreso, que en julio de 2010 aprobó la ley de reforma financiera (conocida como Dodd-Frank) y que hace un mes publicó un informe demoledor, resultado de dos años de investigación, sobre los abusos de los bancos en la crisis de las subprime, en el que acusaba a varias entidades, especialmente a Goldman Sachs, de engañar a sus clientes.

"Es dificil encontrar al responsable de las decisiones en un banco grande"

Pero ni el presidente ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ni el de Lehman Brothers, Dick Fuld, ni el de Washington Mutual (WaMu, otro banco que fue muy criticado por los congresistas), Kerry Killinger, corren el peligro de enfrentarse a la ley.

"No porque haya habido una crisis existen culpables. Para poder meter a alguien en la cárcel es necesario demostrar que hubo una gran negligencia y eso es muy difícil", dice Sharyn O'Halloran, economista de la Columbia University,". Los presuntos culpables "pueden argumentar que no tuvieron acceso a toda la información o que no entendieron el alcance de sus decisiones", dice.

El acuerdo al que llegó Goldman Sachs con el Gobierno, fue pagar una multa de 550 millones de dólares el año pasado, "es una cantidad pequeña pero significativa", subraya O'Halloran, aunque el banco de inversiones "negase toda culpabilidad". Reconocer una falta "hubiera creado un precedente legal que hubiera abierto la puerta a posibles demandas", algo que el banco no se pueden permitir. Goldman Sachs ya se ha gastado 700 millones de dólares en abogados.

Los republicanos quieren recortar los fondos del regulador de la Bolsa, la SEC

"Aunque las compañías sean responsables, se juzgan individuos", dice Hillary Sale, economista de la Universidad Washington en St. Louis, especializada en la reforma financiera. "Y aunque teóricamente los ejecutivos y la cúpula asumen la responsabilidad, es difícil demostrar qué papel jugaron en la toma de decisiones". Más aún en el marco de la desregulación impulsada desde los años 90. "Aunque los bancos no hayan actuado de forma ética" o hayan interpretado las normas a su favor, "no parece que hayan violado una ley en concreto", explica Sale.

La SEC prefiere otra vía y está negociando varios acuerdos con los bancos para resolver las acusaciones de fraude relacionadas con las transacciones de bonos hipotecarios que ayudaron a desatar la crisis. Entre ellos, JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch (ahora parte de Bank of America) y UBS.

Luchar contra estos gigantes exige muchos recursos que Washington no tiene. Los republicanos han propuesto, en nombre de la austeridad, reducir considerablemente los fondos de la SEC. "En los encuentros que mantenemos con los legisladores no paran de asegurarnos que no tienen medios suficientes", dice John Carey, uno de los responsables de la plataforma ciudadana Americans For Financial Reform.

Goldman Sachs ya se ha gastado más de 700 millones de dólares en abogados

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, "se está más cerca de poder demostrar una culpabilidad de gente que realmente violó la ley", dice O'Halloran; mucho más que en el caso de los derivados y no digamos de las agencias de rating. "Su argumento es que emiten opiniones y no pueden ser juzgadas responsables de las consecuencias", añade.

Entre 2008 y 2010, los fiscales generales de Ohio y Connecticut denunciaron a las tres principales agencias, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, por haber rebajado la calificación de las municipalidades concernidas y obligado a los contribuyentes a pagar tipos de intereses excesivos y seguros de riesgo. Pensaron que otros estados se unirían a la demanda en un frente parecido al que se creó contra la industria tabaquera en los 90. No ha sido así. Los casos se han quedado en nada. De hecho, los fiscales que iniciaron el ataque ya no están en sus puestos. Uno es ahora senador; el otro, Richard Cordray, será el brazo ejecutor de la Oficina de Protección del Consumidor Financiero (CFPB, por sus siglas en inglés), una creación de la ley Dodd-Frank, que a partir de julio debería proteger a los estadounidenses de los abusos de la industria.

El problema, subraya Carey, es la complicidad entre los responsables financieros y los altos funcionarios encargados de investigarlos. "Es un mundo muy pequeño, todos se conocen, han ido a las mismas escuelas". Henry Paulson, el secretario del Tesoro con Bush y arquitecto del rescate financiero, fue presidente de Goldman Sachs. Robert Khuzami, el encargado de llevar las acusaciones de la SEC, trabajó durante cinco años en el Deutsche Bank, el mismo banco que ahora está siendo investigado.

O'Halloran teme que el futuro no augure buenos presagios. "Ser un banco se está convirtiendo en un negocio cada vez más caro. Si no pueden hacer dinero con los derivados porque se regulan cada vez más, tendrán que encontrar otra forma de hacerlo". Y el cliente tendrá que pagar parte de la factura: "cargan más comisiones en tarjetas de crédito y operaciones que antes eran gratis", mientras siguen sin dar créditos. "Cuanto más grandes se hagan los bancos, más difícil va a ser encontrar al individuo o a los individuos responsables de las decisiones", dice Hillary Sale. "Alguien decía que el capitalismo sin bancarrotas era como la religión sin infierno", dice Carey, "y los bancos lo han entendido perfectamente".