La crisis económica está mermando la salud de las cuentas del estado como si una gripe financiera hubiera anidado en sus pulmones. En tan sólo unos meses, el nivel de endeudamiento ha sobrepasado los 370.000 millones de euros y ya se prevé un déficit del 9,5% para finales de año. El vértigo que produce mirar a 2012, cuando nuestro déficit deberá situarse en el 3% para poder cumplir con el Pacto de Estabilidad europeo, ha hecho irrumpir en la arena política el debate sobre cuál es la estrategia fiscal que se debe seguir a partir de este momento.

El Gobierno no descarta una subida de impuestos para el próximo año (o sí, depende del ministro al que se pregunte), mientras que el PP se manifiesta contrario a cualquier incremento impositivo. Pero también hay quien piensa que si los grandes patrimonios provocaron esta crisis son ellos los que deberían soportar una mayor carga fiscal.

La primera formación en disparar fue Izquierda Unida, al proponer un nuevo tramo en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) que grave con un tipo del 50% a las rentas con más de 84.000 euros al año. Según señala a Público José Antonio García, secretario de Economía de IU, esta subida 'significaría una inyección notable de dinero. Sólo con los salarios altos declarados en la Encuesta de Población Activa (siempre superiores a los confesados al fisco), las arcas públicas recaudarían cada año unos 7.000 millones más'. Según fuentes expertas, con los datos de Hacienda el incremento sería de 2.000 millones de euros.

La ministra de Economía, Elena Salgado, recibió la propuesta con apatía, al entender que generaría 'pocos recursos para el Estado'. Pero lo significante o no de incrementar los tipos a las rentas altas depende de la óptica fiscal con que se mire. La última subida de impuestos realizada por el Gobierno -tabaco y carburantes-, por ejemplo, prevé una recaudación ostensiblemente menor: 1.300 millones al año.

Según el ex secretario general de Hacienda, Juan Francisco Martín Seco, la línea fiscal de España se ha vuelto cada vez más regresiva. Asegura que 'el mayor daño hecho a la justicia fiscal fue la imposición fija al 18% con que el Gobierno de Aznar favoreció a las rentas de capital y patrimonio', cuando la mínima por trabajo es de un 24%. En la última década, el tramo para las rentas altas se ha reducido de un 53% a un 43%.

Sin embargo, para Francisco de la Torre, secretario de la asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), el IRPF no sirve para gravar a los ricos, ya que 'éstos planifican su carga fiscal hacia la imposición patrimonial y los impuestos de sus empresas'.

En España, su tributación se reduce al impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de Sociedades (que tributa al 30%) tras la supresión del impuesto sobre el patrimonio en 2008, que aportaba una recaudación de 1.800 millones de euros destinada a las Comunidades Autónomas. Pero esto es la teoría: aquí actúa la ingeniería fiscal de los grandes patrimonios.

La tecnología estrella en este campo es la de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), que tributan únicamente al 1% y precisan de un mínimo de 100 accionistas para poder constituirse. Con este tipo de sociedades, creadas en 1983, se intentó frenar la marcha de las grandes fortunas a países de impuestos ínfimos.

Parece que cumplieron su objetivo: hoy existen 3.278 Sicav con un patrimonio de 22.000 millones, según VDOS Stochastics.