La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de rechazar los recursos del Lehendakari, de Patxi López, de Rodolfo Ares y de miembros de Batasuna contra la decisión del juez instructor de continuar con la causa penal por las reuniones que mantuvieron durante la tregua de ETA, abre las puertas a la celebración del juicio oral.

Ahora será el juez instructor, Roberto Sáiz, quien deberá determinar si dicta el auto de apertura de juicio oral que podría sentar en el banquillo por primera vez en la historia a un lehendakari, o si decide por el contrario archivar la causa.

Sin embargo, hay que recordar que el pasado mes de julio Sáiz rechazó las peticiones de los imputados de sobreseer la causa, por considerar que existían indicios de que hubieran cometido los delitos de desobediencia previstos en el artículo 556 del Código Penal en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna.

Además, incluso Nekane Bolado, una de las magistradas que componen la Sala de lo civil y Penal del Alto tribunal y que emitió un voto contrario a la decisión mayoritaria de desestimar los recursos, afirmaba en sus argumentaciones que "es lógico presumir que la siguiente decisión del instructor sea la de decretar la apertura del juicio oral".

Bolado recordaba también que los recursos de apelación presentados por los imputados eran el último instrumento procesal que les queda a los recurrentes para combatir una imputación judicial, ya que contra el auto de apertura de juicio oral no existe posibilidad de recurso.

Así que todo parece indicar que Ibarretxe, López, Ares y los miembros de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, Olatz Dañobeitia, Juan José Petrikorena, Rufirno Etxeberria y Pernando Barrena (todos ellos en prisión menos el último) se sentarán en el banquillo de los acusados por las entrevistas que mantuvieron durante la tregua de ETA y que provocaron la interposición de una querella por parte del Foro de Ermua a la que se unió Dignidad y Justicia.

Los encuentros que dieron origen a este proceso, comenzaron cuando Ibarretxe recibió en la sede de la presidencia del Gobierno Vasco, el 19 de abril de 2006, a Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, dentro de una ronda de conversaciones que mantuvo con representantes de todas las formaciones políticas vascas a raíz del alto el fuego de ETA.

Asimismo incluyen la reunión que mantuvieron los dirigentes socialistas vascos López y Ares el 6 de julio del año pasado con Otegi, Rufino Etxeberria y Olatz Dañobeitia, en un hotel de San Sebastián.

Uno de los momentos más destacados de la instrucción de esta causa fueron las declaraciones ante el magistrado de todos los imputados, especialmente las dos ocasiones que Ibarretxe acudió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -el 30 de enero y el 26 de marzo de este año- y donde contó con el apoyo del Gobierno Vasco y la militancia del PNV.

En esta causa la fiscalía ha pedido siempre el sobreseimiento, mientras que el Foro de Ermua ha solicitado dos años y nueve meses de cárcel para Ibarretxe y nueve meses para López y Ares como presuntos cooperadores necesarios de un delito de desobediencia, y penas que oscilan entre uno y cuatro años de cárcel para los dirigentes de Batasuna.

Por su parte, Dignidad y Justicia solicitó en su escrito de calificación provisional dos años de prisión para Ibarretxe y uno para López y Ares y penas de entre uno y tres años para los miembros de Batasuna por los mismos delitos.

La decisión del TSJPV se conoce a tan sólo unos días de que se celebrara el pasado viernes el acto solemne de la Apertura del Año Judicial, durante el cual el presidente del alto tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro -uno de los firmantes del auto hecho público hoy- instó a los representantes de los poderes públicos a "dar ejemplo" en el cumplimiento de la Ley.