Una decisión elogiada que resultó un fraude brutal

Ni el Ministerio Público ni las acusaciones particulares presentes en el juicio del Yak-42 albergan la menor duda: los enviados del Ministerio de Defensa a Turquía repatriaron los 62 cadáveres a sabiendas de que 30 estaban sin identificar.

Las partes reclaman penas de prisión e inhabilitación, por falsedad documental, para el general Navarro enviado por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo y para los dos médicos militares que redactaron los informes sobre las identificaciones. Pero los familiares de las víctimas consideran, con razón, que las investigaciones no deben finalizar ahí. Porque, si algo ha quedado claro en el juicio, es que el nefasto proceso de identificación que desembocó en la confusión de cuerpos en los ataúdes fue producto de las prisas por realizar el funeral de Estado en la fecha y hora previstas por Defensa.

Esa supuesta eficacia del departamento que encabezaba Trillo recibió en su momento elogios, porque denotaba una sensibilidad especial hacia las víctimas y sus familiares. Ahora esos familiares quieren que se investigue a los "autores intelectuales" del desaguisado, es decir, a los que se beneficiaron de aquella buena prensa merced a una decisión indigna que ha provocado tantos trastornos emocionales. Y Trillo, hoy portavoz de Justicia del PP, sigue callando.