Este artículo se publicó hace 13 años.
Declaran los cuatro detenidos por corrupción junto al exconsejero asturiano
Los cuatro implicados en una supuesta trama de corrupción, en la que también está imputado el exconsejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre, se encuentran desde las 13:00 horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón para prestar declaración.
Tras pasar la noche en la Comisaría de Policía de la ciudad, los cuatro imputados llegaron hacia esa hora en varios furgones a la sede judicial gijonesa, donde les esperaban sus abogados.
Fuentes judiciales han informado de que la primera en declarar hoy será Marta Renedo, la funcionaria de la administración del Principado que hace once meses originó la apertura de una investigación por supuestos contratos irregulares que ayer llevó a la detención del ex consejero socialista de Educación.
No obstante, a las 13:30 horas aún no había comenzado su declaración ya que los letrados habían pedido poder reunirse con sus clientes antes de que compareciesen ante la titular del Juzgado, Ana López Pandiella.
Además de la funcionaria del Principado, declararán a lo largo del día la exdirectora general de Planificación, Centros e Infraestructuras María Jesús Otero y los empresarios de las firmas "Igrafo" y "Almacenes Pumarín", Víctor Manuel Muñiz, y Alfonso Carlos Sánchez, respectivamente.
Los abogados de todos los imputados, así como la fiscal María Luisa García Vega, y el abogado del Principado, que figura como acusación particular, Juan Sierra, estarán presentes en las declaraciones de estos cuatro imputados.
El exconsejero socialista de Educación y Ciencia de Asturias José Luis Iglesias Riopedre ingresó ayer en prisión, de forma provisional, comunicada y sin fianza por su presunta implicación en esta trama a la que se investiga la posibilidad de que hubiesen amañado contratos o concursos públicos.
Los delitos que se están investigando son prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, relacionados con el presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares.
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