La defensa de Rato dice que el Gobierno ordenó no perseguir al Banco Santander

La defensa de Rodrigo Rato en el caso Aguas de Fuensanta asegura que la entonces secretaria de Estado de Justicia María Teresa Fernández de la Vega fue quien ordenó en abril de 1996 al abogado del Estado no emprender acciones penales contra el Banco Santander, en relación con las cesiones de crédito.

Así figura en un escrito firmado por Fernández de la Vega y presentado como prueba ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por la defensa del ex ministro de Economía para desmontar la tesis de que hizo "favores políticos" al Santander en el caso de las cesiones de crédito a cambio de que comprara el 45,3% del capital de Aguas de Fuensanta, una empresa vinculada a su familia.

La defensa de Rato sostiene que, en todo caso, los supuestos favores se hicieron antes de que fuera nombrado ministro de Economía y vicepresidente del primer Gobierno del Partido Popular, cargos a los que accedió el 5 de mayo de 1996.

Rato está imputado junto a su hermano Ramón Rato, el presidente del Santander, Emilio Botín, el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, y otros directivos del grupo en el caso de la compra de Aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) a la familia Rato; un precio considerado desorbitado por la acusación particular por tratarse de una sociedad en "quiebra técnica".

El querellante y accionista del Santander y Banesto Antonio Panea acusó a Rato, a su hermano, y a los principales directivos del grupo de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio de derecho de información y cohecho.

En el escrito presentado como prueba, la actual vicepresidenta del Gobierno pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado "instrucciones" sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito.

En este sentido, pidió que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes" por las retenciones "no practicadas o no ingresadas" por el banco, basándose en un informe de la Agencia Tributaria.

Además, exigió al Abogado del Estado que solicitara la remisión a los Juzgados de Instrucción que en cada caso correspondieran de las actuaciones contra los clientes que se hubieran beneficiado de la fiscalidad opaca de las cesiones de crédito, "sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes".

El caso de las cesiones de crédito surgió a principios de los años 90, después de que Hacienda iniciara inspecciones a varias entidades al entender que se trataba de productos opacos al fisco.

En octubre del 2004, la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretó la apertura de juicio oral contra el presidente del Santander Emilio Botín y otros consejeros y directivos del banco por un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.