El Defensor del Pueblo denuncia, en un informe monográfico dedicado a los centros de protección de menores, que los chavales con trastornos de conducta y en situación de dificultad social son sometidos en ocasiones a medidas que vulneran sus derechos, como atarles o prohibirles asistir al colegio.

El informe, al que ha tenido acceso Reuters, analiza la situación en 27 de los 58 centros de este tipo existentes en España, a partir de visitas a las instalaciones y entrevistas con el personal y los menores. Los centros dependen de las administraciones pero son gestionados por instituciones privadas.

Entre otras cosas, el informe de más de 450 páginas pone el ejemplo de un caso sucedido en el centro de Picón de Jarama, en Madrid, donde en diciembre pasado se suicidó un niño marroquí de 12 años y luego otro intentó hacer lo mismo.

Del texto se deduce que en muchos de los centros, bajo la denominación de "medidas educativas creativas" o "correctoras", se están realizando "prácticas contrarias a los derechos de los menores", como dejarles sin comer, atar a dos uniéndolos por las muñecas, prohibirles la asistencia al centro escolar, o la salida al patio durante una semana.

"La insuficiente regulación autonómica sobre esta materia propicia que las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede llegar a ser aún más duro que el existente en los centros de reforma", señala el texto, que fue registrado hoy en el Congreso de los Diputados.

Además, el Defensor del Pueblo alerta de que en más de la mitad de los centros se usan medidas de aislamiento de forma habitual.

"A pesar de que las contenciones han de limitarse a momentos puntuales de agitación grave y en ningún caso deben usarse como sanción, en muchos centros se realizan varias veces al día, y en ocasiones con una agresividad desproporcionada que puede provocar lesiones físicas a los menores", señala el informe.

El texto elaborado por el departamento que preside Enrique Múgica refleja que en el 75 por ciento de las instituciones se administra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración, sin que en ocasiones esa medicación se ajuste a un protocolo previamente establecido.

El Defensor del Pueblo denuncia además que las contenciones son practicadas en ocasiones por educadores que no cuentan con formación adecuada y que están desmotivados por "un trabajo muy estresante" que da lugar a numerosas bajas temporales y ceses, con la consiguiente rotación de la plantilla.

El informe apunta además que se realizan registros personales y de las habitaciones y que en algunos casos se realizan con desnudos integrales sin justificación, ni comunicación al juez de primera instancia.

Múgica comparecerá próximamente en la Comisión Mixta del Parlamento para informar de las conclusiones de este análisis.