Defensores del Pueblo piden que los bancos rescatados destinen pisos al alquiler

Todos los defensores del pueblo del país han reclamado este viernes al Gobierno que articule medidas para que las ayudas públicas que reciban los bancos reviertan a la ciudadanía, bien mediante la renegociación de préstamos hipotecarias o destinando parte de sus inmuebles a alquiler y viviendas sociales. Ésta es una de las doce medidas legislativas, sociales y económicas que consideran que deben ponerse en marcha con urgencia para frenar los desahucios y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna en el actual momento de crisis económica.

Así se señala en la declaración que han suscrito los defensores del pueblo de Andalucía, Catalunya, Galicia, País Vasco, Canarias, Aragón, Valencia, Castilla y León, Navarra, Murcia y Asturias, junto al adjunto primero a la Defensora del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán. Todos ellos han participado en Oviedo en una jornada dedicada en exclusiva a evaluar la gravedad del problema de los desahucios y a analizar medidas y experiencias en la protección al derecho constitucional a la vivienda.

La procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, ha sido la encargada de leer la declaración, en la que también se pide que se amplíen los supuestos para beneficiarse del decreto ley que aplaza las ejecuciones hipotecarias, se defiende el alquiler social como alternativa a los desahucios y se plantea que se aumente la renegociación de las deudas hipotecarias. Asimismo, se defiende que se establezcan supuestos en los que los deudores puedan acogerse a la dación en pago, que se extiendan las medidas de protección a los locales de negocio y que se reforme la normativa fiscal y tributaria para evitar que los deudores de buena fe vean agravada su situación personal por las cargas impositivas, como el impuesto de transmisiones. 

Piden ampliar los supuestos para beneficiarse de la ley que aplaza los desahuciosEn esta declaración también se plantea que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) haga que las entidades financieras destinen, al menos, las viviendas protegidas de su titularidad a ese fin y que se ponga en marcha de forma urgente un Fondo Social de Viviendas suficiente para dar respuesta a los afectados por los desahucios. Para Fernández Marugán, estas medidas pueden contribuir a paliar "un problema de gran dimensión que exige un pacto de primera magnitud" ya que los pasos dados hasta ahora son "ineficaces o insuficientes" lo que hace imprescindible cambios normativos que generen "una situación más eficaz en la ley hipotecaria o la concursal".

En su opinión, también es importante que se pongan en marcha organismos de asesoramiento e información y que los deudores de buena fe "tengan una segunda oportunidad mediante la puesta en marcha de mecanismos de reestructuración de la deuda". Para el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, los desahucios y las ejecuciones hipotecarias "tienen que terminar" y deben buscarse alternativas "para que la gente no se vea tirada en la calle".

De los desahucios preocupan sobre todo las consecuencias que están teniendo para los niños y las personas mayores, que a veces pierden su casa por haber sido avalistas de sus hijos, "lo que es una extrema crueldad", ha afirmado Chamizo, que se ha mostrado partidario de la dación en pago. El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó i Massó, ha destacado la importancia de que todos los defensores tengan una posición común ante los desahucios y ha señalado que lo más urgente es promover "un cambio de 'chip' porque se habla del rescate bancario y no se ve un esfuerzo proporcional para el rescate de las personas".

"El banco malo, que va a gestionar una cantidad no pequeña de viviendas, debe ponerlas al alcance de políticas sociales, mediante alquileres asequibles", ha subrayado. El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha incidido en que el decreto ley del 15 de noviembre se ha demostrado "manifiestamente insuficiente" y ha reclamado "que se modifique cuanto antes" y amplíe los supuestos para que puedan acogerse, por ejemplo, familias con un sólo hijo.

Para el Ararteko del País Vasco, Íñigo Lamarka, las medidas planteadas son "justas y necesarias", mientras que el Valedor do Pobo de Galicia, José Julio Fernández, se ha mostrado "moderadamente optimista" de que estas propuestas no vayan a caer "en saco roto" porque, según ha subrayado, la sociedad "está de su parte".