Las previsiones del Gobierno apuntan que los números rojos de las cuentas públicas serán en 2009 equivalentes al 9,5% del PIB (en cifras absolutas, cerca de los 100.000 millones de euros). Los organismos públicos internacionales y los independientes prevén, sin embargo, una cifra histórica de déficit, de dos dígitos sobre el PIB, para el conjunto de las Administraciones Públicas. Los técnicos de Hacienda también calculan que el desequilibrio será superior al oficialmente previsto.

El director general del Instituto de Estudios Fiscales (un laboratorio de ideas y centro de formación dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda), José María Labeaga, aseguró ayer en Valladolid que el déficit de este año "va a ser mayor del 9,5%". Según sus estimaciones, será "posiblemente del 10,5%" (unos 10.000 millones más).

El importante desequilibrio en las cuentas públicas es fruto tanto de los mayores gastos producidos por la recesión económica (especialmente, en desempleo y en caída de la recaudación) como por las medidas anticrisis adoptadas para hacer frente a la recesión, especialmente en materia de impuestos. Labeaga, que intervino en la apertura del congreso nacional de los inspectores de Hacienda, destacó que las medidas de estímulo adoptadas por el Gobierno, equivalentes en 2009 al 2,6% del PIB, han sido las mayores del mundo, sólo superadas por las realizadas en Arabia Saudí. Para 2010, según sus cálculos, las medidas de estímulo sólo supondrán un 0,56% del PIB. El técnico de Hacienda defendió un importante esfuerzo de coordinación por parte de todas las administraciones públicas para corregir el déficit, así como para poner en marcha una nueva política económica que contribuya al cambio de modelo productivo.

Sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas versaba el informe difundido el miércoles por la Comisión Europea, en el que se alertaba sobre el elevado coste que podría suponer para el presupuesto español el coste de la sanidad y las pensiones, en el horizonte de 2060. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró ayer que las pensiones están "absolutamente" garantizadas y que no corren ningún riesgo, a pesar de que el informe de Bruselas recomienda acometer reformas en el sistema de protección social.

El informe fue cuestionado también por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Campa dijo que el documento de la Comisión "es matizable", aunque abogó por "extraer lecciones" de él, mientras Toxo lo calificó de "alarmista" pues trata de "generar zozobra" y de arruinar un sistema que funciona "adecuadamente".

Para responder a la caída de los ingresos del Estado, los inspectores fiscales abogaron ayer por la lucha contra el fraude como uno de los principales elementos para corregir el déficit y criticaron que las medidas del Gobierno "se han demostrado insuficientes". La Organización de Inspectores de Hacienda presentó ayer, en la apertura de su congreso nacional, una propuesta de Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria con el objetivo de ingresar 100.000 millones en cuatro años (el plan antifraude del Gobierno, puesto en marcha en 2005, ha supuesto unos ingresos acumulados desde entonces de 28.000 millones).

Las medidas del plan supondrían aumentar los medios humanos, acometer un cambio profundo en la Agencia Tributaria y poner en marcha diversas reformas normativas, con más control de los paraísos.