La presión de los países del G-20 sobre los paraísos fiscales para lograr de estos territorios una mayor cooperación está comenzando a preocupar a los defraudadores. Los países de la OCDE (organismo internacional que agrupa a la treintena de naciones más industrializadas y que está pilotando la estrategia antiparaíso) están firmando cada vez más convenios de intercambio de información, que pueden ayudar a descubrir a las persionas que en los últimos años han llevado su dinero a estos lugares, más por su opacidad que por sus bajos impuestos.

Incluso Suiza, el paradigma del secreto bancario, tiene listos varios convenios con diferentes países, después de haber firmado la semana pasada uno con EEUU. Ante este panorama, algunos bufetes de abogados se han dirigido a Hacienda para sondear cuál es la posición de la Administración española en el caso de que sus clientes decidieran repatriar el patrimonio que tienen depositado en paraísos fiscales. Según las fuentes consultadas, Hacienda se limita a escuchar y tomar nota, y no comprometerse a nada.

Algunos países europeos, como Francia y Reino Unido, han anunciado procesos específicos para regularizar defraudadores. El Ejecutivo de Nicolas Sarkozy ha puesto en marcha un servicio especial para repatriar los fondos localizados en paraísos, y el de Gordon Brown ha anunciado una suerte de amnistía parcial, por la que los evasores con deudas con el Fisco sólo pagarán una multa equivalente al 10% del importe evadido.

En España, no existen, de momento, ninguna intención de poner en marcha procesos de regularización fiscal. Los responsables de Hacienda aseguran que la legislación española tiene suficientes mecanismos que hacen posible que cualquier contribuyente que no haya cumplido con sus obligaciones se ponga al día con el Fisco. Además, no se quiere mandar ningún mensaje del que se pueda inferir que podría haber una amnistía fiscal, una posibilidad que los responsables de la Administración rechazan tajantemente.

La normativa fiscal vigente permite presentar declaraciones de impuestos fuera de plazo (declaraciones extemporáneas), siempre y cuando la Inspección no haya iniciado un procedimiento de control. Mediante este trámite, se reconocen las deudas fiscales pendientes, que tienen un recargo por realizarse fuera de plazo, que puede alcanzar hasta el 20% del importe no declarado. Es un sobrecoste barato, si se tiene en cuenta de que si es Hacienda la que descubre el fraude, la multa puede estar entre el 50% y el 150% de la cantidad que se dejó de pagar, además de los intereses de demora.

Según las fuentes consultadas, una prueba de que la normativa vigente funciona es que el número de regularizaciones voluntarias a través de declaraciones extemporáneas se mantiene en niveles muy elevados. Otra cosa es que eso esté suponiendo mayores ingresos para el Fisco, pues en muchos casos se pide a la vez el aplazamiento del pago.

Los expertos fiscales señalan que, cuando se trata de regularizar importes elevados que proceden de paraísos fiscales, los contribuyentes suelen aportar documentación sobre el origen de los fondos declarados. Lo que se trata es de acreditar que el origen de esos capitales está en un año prescrito (las deudas fiscales prescriben a los cuatro años). 'La Inspección viene aceptando sin mucho problema los certificados que se le presentan que acreditan el seguimiento del dinero invertido en un paraíso, desde su origen hasta hoy', comenta un asesor fiscal. Pero no hay muchos territorios que puedan acreditar con solvencia dichos movimientos, salvo Suiza o Luxemburgo.