La Delegación del Gobierno ha prohibido la celebración de una manifestación convocada por varias asociaciones de ateos el Jueves Santo, argumentando que se trata de una fecha "de especial significación para los católicos", cuya liberad religiosa se debe proteger, y que podría alterar el orden público.

Entidades como la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y la Asamblea Vecinal la Playa de Lavapiés habían pedido a la Delegación permiso para llevar a cabo, el 5 de abril, una manifestación por el barrio de Lavapiés para protestar contra los "privilegios económicos" de la iglesia católica.

Según ha informado hoy la Delegación, que abre la puerta a que la marcha se celebre en otra fecha, la decisión de prohibir que tenga lugar el Jueves Santo se apoya en los informes emitidos por el Ayuntamiento de la capital, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Abogacía del Estado, que coinciden en que esa manifestación "no debe llevarse a cabo".

La resolución se basa "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa, y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

Especifica que los informes del Ayuntamiento de Madrid, de la Policía Nacional y de la Abogacía del Estado coinciden en que la manifestación "no debe llevarse a cabo por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad de la zona centro".

La Delegación del Gobierno relata que en la marcha concurren "seis datos objetivos", el primero de ellos que el Jueves Santo es "un día de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas"

Además, el lugar elegido es céntrico y por el mismo "transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores", y la hora coincide con procesiones y con otros actos religiosos que se celebran en las iglesias existentes en ese entorno, "a las que acuden gran cantidad de feligreses".

La Delegación argumenta asimismo que la Semana Santa atrae a múltiples turistas a la capital que quieren ver las procesiones por su significado tanto religioso como cultural.

Considera además "más que probable" que la convocatoria de esta manifestación "dé lugar a la convocatoria de contra-manifestaciones que pueden producir incidentes de orden público".

En este sentido recuerda que el año pasado se convocó una marcha atea similar que automáticamente generó una movilización de signo contrario, aunque finalmente la primera se prohibió y ninguna de las dos llegó a celebrase.

La resolución estima que en la convocatoria "concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año, entre cuyos convocantes se encontraban los mismos que ahora comunican una nueva manifestación".

En este punto recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno conforme a Derecho por la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa y la existencia de razones fundadas de alteración del orden público.

La Delegación del Gobierno prohíbe la manifestación atea para el Jueves Santo, pero "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en esta resolución".

Precisamente hoy el colectivo MásLibres.org ha entregado en la Delegación del Gobierno 25.000 firmas para solicitar que no se autorice la manifestación atea, que considera "un acto de intolerancia y ofensa hacia los sentimientos religiosos".