Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron hoy ante la Audiencia Nacional española al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a catorce miembros de su Ejército por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989.

La querella, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), se apoya en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.

El juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, será el encargado del seguimiento de la querella, que inmediatamente será traslada al ministerio fiscal para que informe sobre si España tiene jurisdicción y sobre si los hechos revisten indicios de delitos.

El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Al ex presidente Cristiani, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, se le acusa de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y a catorce miembros del Ejército salvadoreño de ser "los responsables" del mismo.

Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.

La demanda se hace extensa también a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara.

Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

Una ley que hoy fue cuestionada por el presidente de la APDHE, Manuel Ollé, quien dijo que "ningún país, ningún Estado puede dictar leyes de impunidad para auto protegerse, para auto amnistiarse cuando se produce una vulneración de la vida, de la libertad y de la integridad física de las personas".

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a los demandados de "crímenes contra la humanidad" y de "terrorismo de Estado".

Entre las primeras medidas que piden los acusadores populares al juez es la de cursar una comisión rogatoria y que se notifique a la mayor brevedad la demanda a los quince acusados.

La querella, que se presenta en las vísperas de que se cumplan 19 años de la masacre, elige España, no sólo porque cinco de las ocho víctimas fueran españolas, sino porque es el país que marcó un hito en la Justicia Universal cuando hace diez años la Audiencia Nacional se declaró competente para juzgar el "caso Pinochet" y las desapariciones de españoles durante la dictadura argentina (1976-1983).

Conscientes de que este caso se tardará mucho tiempo en juzgar, la Asociación Pro Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Responsabilidad desean sumarse a los esfuerzos de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que ha presentado litigio por los asesinatos de los jesuitas tanto a nivel nacional como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).