VIGO.- La Comisión de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo, el Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades Esculca y otras organizaciones denuncian que en centros penitenciarios de España se está produciendo "vulneraciones de derechos humanos", entre las que han mencionado "malos tratos y torturas".

Así, las asociaciones han respaldado un comunicado conjunto, por el que reclaman "transparencia en la administración" y un "efectivo respeto a los derechos de las personas privadas de libertad", con lo que se favorezca la prevalencia del mandato constitucional de "rehabilitación y reinserción de la persona condenada".

El preso Javier Guerrero lleva más de 130 días en huelga de hambre para reivindicar el cese de estos maltratos.

En este sentido, han denunciado las "dificultades" a las que se enfrentan los abogados "en la defensa de los derechos de los presos", entre las que se han referido a que hay "dificultad para acceder a los expedientes penitenciarios".

El coordinador de la Comisión de Dereitos Humanos de Avogados Novos de Vigo, Raúl López, ha puesto como ejemplo de esta situación al preso de A Lama de 33 años, Javier Guerrero, quien lleva más de 130 días en huelga de hambre, desde el pasado 12 de diciembre, y que también llegó a iniciar varias huelgas de sed para reivindicar, "sobre todo, el cese de los malos tratos y torturas en las cárceles".

Raúl López ha asegurado que su defendido ha iniciado esta movilización por "conocimiento de compañeros que están sufriendo" este tipo de situaciones, que "él mismo ha sufrido". "No sólo son físicos, también psicológicos", ha afirmado el letrado, que ha recordado las huelgas de hambre iniciadas por otros presos por los mismos motivos.

En esta línea, ha señalado que Javier vincula una sanción que le impusieron en diciembre con una denuncia que presentó contra un funcionario por malos tratos a otro compañero de la cárcel. "Constatamos que presos que denuncian estos abusos y vulneraciones son represaliados, con sanciones y privaciones de otros beneficios", ha manifestado el letrado.

Tal y como ha comunicado su abogado, Javier está "muy mal de salud" y ha bajado unos 20 kilos a consecuencia de la huelga, aunque resiste "por su estado anímico, que es bueno". El letrado ha denunciado que Javier se encuentra en el hospital desde hace tres meses pero, desde entonces, no ha podido ver ni llamar por teléfono a ningún familiar o allegado y sus comunicaciones se han visto reducidas a la correspondencia o a través del propio abogado.

"Porque empiece procedimiento sancionador no deberían paralizar los permisos", necesarios para la rehabilitación del recluso.

En concreto, el preso se ha propuesto como condición para dejar la huelga que "por fin haya resoluciones sobre las revisiones de grado" de su condena. Así, aunque recurrió las resoluciones de las revisiones celebradas en mayo y noviembre, el pasado viernes conocieron que fueron desestimadas, por lo que ahora apelarán a la Audiencia Provincial. A mayores, el próximo mes Instituciones Penitenciarias volverá a revisarle el grado.

Además, con su huelga de hambre reclama también que se le quite una sanción impuesta por la institución penitenciaria en diciembre, por no tener etiquetado un discman que él ha aseverado que era propiedad de un compañero de prisión, por la que se le han suspendido permisos y beneficios. Por esta cuestión, tendrá que acudir a un acto administrativo que, si no prospera, ha adelantado el abogado, será recurrido en los juzgados.

El abogado del recluso ha defendido que "porque empiece procedimiento sancionador no deberían paralizar los permisos", los cuales son "necesarios para la rehabilitación del preso, que es lo que la Constitución dice que es lo importante en la ejecución de la pena". "Hay presos que cumplen la condena totalmente, lo que según el ordenamiento va en detrimento del preso y la sociedad, porque lo que se pretende es que tengan posibilidades, responsabilidades y demás, afianzados paulatinamente", ha rematado.

El abogado ha explicado que Javier es un preso común que entró en la cárcel a finales de 2004 por delitos relacionados con la salud pública y el patrimonio. Tiene fijada la libertad total para 2020, a lo que hay que reducir tres años por preventivas aplicables, con lo que su condena finalizaría a principios de 2017.

Con ello, ha comentado que Javier ha cumplido dos tercios de su condena, que ascendería a tres cuartos al aplicarse estas preventivas. Por lo que se encontraría "en condiciones de pedir el tercer grado e incluso la libertad condicional", a lo que se suma que también tiene "contratos en firme" que le permiten trabajar en cuanto salga de prisión.