Toda la legislatura anterior se ha mantenido un Consejo conformado cuando el PP tenía mayoría absoluta en la segunda legislatura de José María Aznar. Ha servido como prolongación de la labor de oposición en el Parlamento, por ejemplo, emitiendo informes muy críticos contra iniciativas del Gobierno, aunque no hubieran sido solicitados.

La única reforma que el Gobierno pudo hacer en la anterior legislatura es la de elevar las mayorías precisas dentro del Consejo para decisiones de trascendencia como los nombramientos.

Ahora el nuevo Gobierno cambiará la ley para establecer un nuevo modelo de Consejo, dentro de los límites de la Constitución, pero buscando desactivarlo y evitando que pueda volver a bloquearse por falta de acuerdo en el Parlamento.

Ese cambio de modelo no podrá ser aplicado al Consejo que se renueve inmediatamente, sino que servirá para la siguiente renovación.

Además, habrá un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con distintos retoques, es del siglo XIX. Lo fundamental es que se potencia el papel de los fiscales en los procesos penales, asumiendo funciones que en este momento tienen los jueces de instrucción. El PP siempre se ha opuesto a este cambio, por considerar que el fiscal carece de autonomía.

1. Renovar el CGPJ y evitar más bloqueos // El primer paso será desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde noviembre de 2006, manteniendo la idea de que ningún grupo tenga mayoría de bloqueo para decisiones trascendentes como nombramientos.Es obligatorio el acuerdo con el PP para esta renovación que el PSOE quiere llevar a cabo antes de verano. Los vocales designados deben pasar el examen en el Congreso y en el Senado. Para evitar situaciones de bloqueo como la actual, la nueva ley Orgánica del Poder Judicial regulará el cese inmediato de los vocales al acabar su mandato. El Consejo quedará reducido tras su cese a una comisión que administre los asuntos de trámite.

2.  Control del Congreso a los vocales // La otra idea sobre la que se trabajará es la de evitar que el Consejo sirva como caja de resonancia de la actividad de los partidos. Para eso se modificará el estatuto de los vocales, equiparándolo al de los jueces, para que no puedan hacer manifestaciones públicas de carácter político o partidista. Se valora la posibilidad de eliminar su dedicación exclusiva, es decir, para que los vocales puedan seguir ejerciendo como jueces.

Los vocales estarán sometidos al control del Parlamento, porque podrá ser forzada su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de su gestión. La comparecencia será obligada y no sólo del presidente del Consejo como hasta ahora, sino que se extenderá a todos los vocales. La otra forma de desactivación se producirá por la descentralización de sus funciones, al crear los Consejos de Justicia autonómicos.

Estos órganos están incluidos en los estatutos de Catalunya y Valencia, con distintas competencias, y precisan de desarrollo en la Ley Orgánica.

3. El fiscal dirige la instrucción de sumarios // El próximo Gobierno tendrá también entre sus prioridades la elaboración de una nueva Ley Procesal Penal. Por ejemplo, se establecerá que el Ministerio Fiscal se ocupe de la instrucción, en perjuicio de los jueces que ahora la tienen encomendada en exclusiva. 'Apostamos por encargar al fiscal la dirección de la investigación con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías”, asegura el programa electoral del PSOE.

El primer paso se dio en la anterior legislatura con el nuevo Estatuto Fiscal, que aumentaba la autonomía del fiscal general del Estado. En esa reforma se regulará la actuación de las acusaciones populares, en la línea de la sentencia sobre Emilio Botín, es decir, para limitar su actuación. Se trata de extender a todos los procesos la idea de que sólo con la acción popular, sin acusación de la Fiscalía o de afectados directos, no puede juzgarse a nadie.

4. Competencias del Supremo a los TSJ // La otra pata de la reforma judicial es la referida a la descentralización del Tribunal Supremo, a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. Ya hubo un proyecto de ley avanzado en el Congreso en la anterior legislatura, pero decayó por falta de apoyo.

La idea, que también desarrolla el nuevo Estatuto de Catalunya, es la de dejar al Supremo sólo para unificación de doctrina y que los Tribunales Superiores sean la última instancia para la inmensa mayoría de los casos.El programa del PSOE habla de impulsar las “normas procesales que tienen por objetivo el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, la reforma modernizadora del recurso de casación y la implantación de la nueva Oficina Judicial”.

En esa reforma se incluirá la universalización de la doble instancia penal, que está pendiente desde hace años y que, incluso, ha supuesto reiteradas condenas a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

5. Audiencia y acceso a la carrera judicial // Otra actuación, recogida en el programa electoral del PSOE, es al de reforzar la Audiencia Nacional, especializando sus distintos juzgados. Es decir, que los juzgados centrales no instruyan indistintamente causas de terrorismo y delitos económicos, por ejemplo, sino que haya mayor especialización. Un ejemplo a evitar: Garzón instruye ahora causas contra ETA y la presunta estafa de Afinsa y Fórum.

La última reforma es la referida al acceso a la carrera judicial. Bermejo, habló de seleccionar los jueces según su expediente académico, limitando las oposiciones, y el programa habla de “fortalecer vías complementarias de acceso a la Judicatura”. Explica ese programa que el compromiso de “promover el consenso social orientado a reformar el sistema de acceso a la Judicatura, desde la que se ejerce un poder del Estado que incide sobre el modelo de sociedad y sobre la convivencia. Los principios de esta reforma velarán por la igualdad de oportunidades”.