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Desaparecidos

Los familiares de los secuestrados por militares, agentes de las fuerzas de seguridad o terroristas en Argelia desafían la represión con la que el régimen encubre a los responsables.

TRINIDAD DEIROS

Los ojos azules de Amine miran desde una foto en la repisa de la chimenea. Amine Amrouche sonríe a sus 21 años de 1997; el 30 de enero de ese año, en pleno Ramadán, salió de casa para cambiar unas películas de vídeo. Ya no volvió.

Su rastro se perdió cuando una chica asomada a un balcón vio como tres hombres con traje y corbata lo metían en un Nissan gris, el coche que solía utilizar la seguridad militar argelina en la década de los

En la Argelia de aquellos años, la vida humana valía tanto como una bolsa de basura. Tras el golpe militar de 1992, que atajó la llegada al poder del partido islamista Frente Islámico de Salvación (FIS), los argelinos perdieron la cuenta de los cadáveres hallados en los vertederos, en las cunetas, arrojados a un pozo o tirados en la calle con señales de torturas atroces. Durante años, el país durmió con el ruido de fondo de los disparos y desayunó con la noticia de masacres de pueblos enteros. Aberraciones que el Estado atribuía de forma sistemática a los grupos armados islamistas, incluso cuando sucedían a dos pasos de un cuartel y bajo las luces de un helicóptero militar, como sucedió en Bentalha, cerca de Argel, donde al menos 400 personas fueron asesinadas en septiembre de 1997.

La de Argelia fue una guerra sucia en la que los contendientes no estuvieron nunca muy claros. Ahora se sabe que la Dirección de Información y Seguridad (DRS), los servicios secretos militares, se habían infiltrado en los grupos armados a algunos los controlaban directamente con la idea de combatir a los integristas con sus propias armas: las del terror.

La víctima fue un pueblo atrapado entre dos fuegos. Por un lado, los terroristas y, por otro, un Estado decidido a castigar a una población sospechosa de apoyar a los islamistas. Unos 200.000 muertos entre 1992 y 2002, miles de desplazados y entre 15.000 y 20.000 desaparecidos, el eufemismo con el que se conoce a los secuestrados por el Estado o bien por los grupos terroristas

Como Amine, un chico "normal", "siempre con los walkman puestos", recuerda Nassera, su madre. Un joven "para nada religioso", que como tantos otros de su edad en su país adoraba el rai, esa música cuyos aires de libertad le valió las iras tantode los radicales como del régimen.

Nassera Dutour es la portavoz y fundadora de SOS Disparus (SOS Desaparecidos) y del Comité de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA), dos asociaciones hermanas que reclaman que se haga la luz y la justicia sobre los desaparecidos en este país del norte de África.

La chimenea sobre la que reina la foto de Amine está en la sede de SOS Disparus en el centro de Argel. Varias mujeres y algún hombre se afanan por recopilar las denuncias de las familias e intentar averiguar todo lo posible sobre cada caso: testigos, circunstancias de la desaparición, cartas a las autoridades. También sobre unas querellas que nunca dieron fruto pues, como señala un informe de la organización Algeria Watch, "las investigaciones eran a menudo enviadas a las mismas comisarías y cuarteles que habían secuestrado a la víctima".

Las paredes de la asociación, cubiertas de cientos de fotos muchos hombres, alguna mujer y varios niños cuentan una historia de dolor indecible: "Samira Bellal, 15 años, desapareció en 1997 cuando volvía del colegio. Encontrada en el fondo de un pozo en 2002". Estas imágenes dan fe de hasta qué punto el régimen militar utilizó los secuestros de civiles para poner de rodillas a familias enteras. No siempre con éxito; no en el caso de Nassera.

El germen de la cruzada de esta argelina ya en la cincuentena surgió en su ánimo en los meses que siguieron a la desaparición de su hijo. En el angustioso vía crucis de comisarías, cuarteles e incluso centros de detención clandestina que visitaron ella y los suyos para tratar de hallar a Amine, esta mujer conoció a otras personas en su misma situación.

"Todos íbamos a las mismas comisarías, los mismos cuarteles, así que pensé: ¿por qué no lo hacemos juntos?" Asesorados por Amnistía Internacional, Nassera y sus compañeros de infortunio montaron lo que con el tiempo se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para las autoridades argelinas.

Sus temores están bien fundados pues algunos de sus altos responsables sobre todo en el estamento militar, se saben al final del hilo del que estas asociaciones quieren tirar. Ilegales en su país, donde el régimen impide manu militari sus reuniones, han denunciado la infamia de la que han sido víctimas en organismos como el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o el Parlamento Europeo.

"Los generales argelinos", se mofa Hocène Ferhati, hermano de un secuestrado, "tienen mucho miedo de estas cuatro viejas". A juzgar por las presiones que sufren, Hocène está cargado de razón. A ello apunta el despliegue y la brutalidad policial que acompaña desde hace años su manifestación semanal de los miércoles en la plaza Addis Abeba, frente a la sede de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos.

El trato que las autoridades dispensan a estas valerosas mujeres a una de ellas un policía le rompió un brazo, y la negativa a esclarecer el paradero de los secuestrados, revelan la naturaleza de un régimen que ha hecho de la amnesia y de la instrumentalización del miedo dos de los pilares de su continuidad.

La cara visible del poder en Argelia es Abdelaziz Buteflika. Aupado a la Presidencia por los generales en 1999, fue reelegido el 9 de abril con un 90,24% de los votos, entre denuncias de fraude masivo. Durante sus dos mandatos, y so pretexto de promover la llamada reconciliación nacional, Buteflika ha aprobado una serie de leyes que instauran una impunidad total, tanto para las fuerzas de seguridad y los militares, como para los terroristas arrepentidos.

El artículo 45 de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, aprobada en 2005, elimina incluso la mera posibilidad de denunciar a los agentes de las fuerzas de seguridad. El artículo 46 recoge además penas de hasta cinco años de cárcel para quien "atente contra su honor". Por pedir que les devuelvan a sus hijos o maridos "vivos o muertos", como grita otra madre la ley argelina convierte a estas personas en criminales.

Durante años, los militares han esgrimido la excusa de que todos los desaparecidos eran terroristas, pero este pretexto empieza a valer cada vez menos a la luz de los cientos de testimonios que demuestran que, en la década negra, bastaba con llevar barba para acabar en un calabozo o con un tiro en la nuca en una cuneta.

Los casos documentados por SOS Disparus son paradigmáticos de esta arbitrariedad. En los primeros años tras el golpe, las fuerzas de seguridad detenían, sobre todo, a simpatizantes del FIS. Así fue en el caso del marido y el hijo de Zoubida Rebika. Esta combativa abuela ha avergonzado más de una vez a los policías que las maltratan enseñándoles el anuncio de un perro perdido publicado en un periódico. A ellas, "el Estado" no les permite reclamar a los suyos; "al dueño de este perro, sí", se lamenta.

A partir de 1994 las desapariciones se hicieron más indiscriminadas: personas secuestradas porque iban a la mezquita; otras porque alguien los había mencionado bajo tortura. También por vivir en uno de los barrios calientes, los que habían votado al FIS: Baraqi, el suburbio argelino donde vivía Amine, era uno de ellos. O simplemente por venganza, por envidia, o por tener la desgracia de ser joven y toparse con policías, militares o gendarmes tras un atentado terrorista en las cercanías.

En las múltiples caras que adquirió el horror en aquellos años, hubo otros secuestrados: los de los grupos armados terroristas, formados por "asesinos que ahora se pasean por sus pueblos gracias a las leyes de reconciliación nacional", se lamenta Abdelkrim Mrabet, de 28 años.

Abdelkrim tenía 13 años cuando los terroristas se llevaron a dos de sus hermanos, de 25 y 14 años, a pocos metros de donde él jugaba. Los fanáticos "querían castigar" a su familia por ser una de las pocas del pueblo que no tenía a uno de sus hijos en el maquis terrorista. Los Mrabet vivían en Oulad Allal, una aldea del Triángulo de la Muerte, el principal feudo de los grupos armados, a 30 kilómetros de Argel.

Un arrepentido relató después que los dos hermanos habían sido degollados y arrojados a un pozo.


"Los secuestrados por los terroristas están todos muertos. Mis hermanos están en un pozo y no nos dejan sacarlos; los jueces no dan nunca permiso para exhumar los cuerpos", recalca Abdelkrim. Este joven es el portavoz de Somoud (resistencia), una asociación de víctimas del terrorismo, que ahora colabora con SOS Disparus para poner en marcha una Comisión de Verdad y Justicia sobre los crímenes de la guerra sucia en Argelia.

Sabedores de que la solución judicial es imposible, las familias consideran que esta vía devolvería a las víctimas su dignidad y, sobre todo, permitiría que se conozca qué ha sido de los desaparecidos, sin descartar que los asesinos puedan ser procesados en el futuro. El modelo en el que se miran es el de la comisión de la verdad de Perú, que acabó su trabajo en 2003, por "la semejanza" que existe entre el conflicto argelino y la guerra que mantuvo el Estado peruano con Sendero Luminoso.

El entendimiento entre las víctimas de uno y otro bando es reciente. Hasta hace unos años, el régimen utilizaba a las víctimas del terrorismo para desacreditar a las familias de los secuestrados por el Estado, a quienes se presentaba como "los familiares de los asesinos". Paradójicamente, las leyes de reconciliación hicieron abrir los ojos a gente como los Mrabet, que se dieron cuenta de que la impunidad otorgada a los terroristas apuntaba a la "complicidad entre el Estado y los grupos armados", explica Abdelkrim.

Su lucha común ya ha dado fruto: el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha criticado duramente a Argelia en su último informe. Algunos generales argelinos, reflejados en el procesamiento del sudanés Omar Al Bashir por la Corte Internacional de Justicia, podrían empezar muy pronto a dejar para siempre sus pasaportes en el cajón en el que guardan tantas atrocidades.

Indemnización con condiciones

El Estado argelino aceptó indemnizar a las familias con la intención de dar carpetazo a este asunto. Para ello, condicionaron las indemnizaciones a que los familiares firmaran antes el acta de defunción del desaparecido. Un documento que no conlleva la entrega del cuerpo ni explica cómo murió la víctima ni quién lo secuestró. Muchos familiares se han negado a firmar este documento.

Una justicia a las órdenes

Nada más volver de una reunión que habían organizado en Ginebra, a falta de poder hacerlo en Argelia, la Justicia argelina intentó encarcelar a Hocène Ferhati, de SOS Disparus, aludiendo a una inexistente condena anterior por terrorismo. Tras la intervención de los abogados de la asociación, las autoridades dijeron que le habían confundido con uno de sus hermanos, ya fallecido.

Los abogados

Amine Sidhoum, uno de los letrados que ayuda a estas familias, ha sido condenado en varias ocasiones a penas de cárcel y multas por "ofender al poder judicial". Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente estas sentencias.

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