Desconvocada la marcha atea

Los colectivos que han apoyado una marcha atea para mañana, Jueves Santo, desautorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, han decidido esta tarde en asamblea desconvocarla "para no caer en las provocaciones de Cristina Cifuentes" y posponer su celebración unas semanas, han informado fuentes de la organización.

En la reunión celebrada a las 20.00 horas han participado representantes del principal convocante, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), así como miembros de otros grupos de apoyo como la asociación vecinal La Playa de Lavapiés, Radio Vallekas, el grupo anarquista Voila y los grupos Albatros y Cruento, entre otros.

El presidente de AMAL, Luis Vega, ha confirmado que él ha votado en contra de realizar esta manifestación "para no ser criminalizados" por el Gobierno, "como están haciendo con otras asociaciones como Stop Desahucios". No obstante, Vega ha señalado que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación "están por encima de argucias administrativas de las Instituciones políticas para seguir favoreciendo a la Iglesia Católica", y ha confirmado que intentarán volver a convocar la marcha "dentro de veinte días".

Además, el presidente de AMAL ha anunciado que intentarán llevar el caso al Tribunal Constitucional, acusando a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, de "prevaricar" por no "leer ni siquiera" el razonamiento de la manifestación y desautorizarla por no haber sido presentado en plazo.

A juicio de Vega, la decisión de la Delegación del Gobierno de negar la autorización a la marcha, prevista para mañana las 20 horas entre Tirso de Molina y la Plaza de Lavapiés, por haberse presentado fuera del plazo establecido, es "errónea". En este sentido, el líder ateo ha negado que la petición se realizara fuera del plazo general y ha asegurado que se presentó el escrito en el registro el 19 de marzo a las 10 horas y que como la manifestación era para el 28 de marzo a las 20 horas, a la Delegación le "sobraban algunas horas" para realizar los trámites.

Por su parte, la resolución de Delegación del Gobierno recordó que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión establece que las manifestaciones en lugares de tránsito público deben ser comunicadas con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo. Ante ello, AMAL presentó un recurso ante la institución quejándose de dicha respuesta e insistiendo en realizar esta marcha atea el Jueves Santo "contra los privilegios económicos de la Iglesia en una época de crisis en la que se recortan en servicios sociales esenciales".

La institución que dirige Cristina Cifuentes ha respondido a este escrito esgrimiendo que según la legislación vigente, sólo cabe interponer recurso contencioso administrativo ante esta sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), algo que este año no han realizado. En años anteriores, y ante el mismo tipo de manifestación, el Jueves Santo el Alto Tribunal madrileño ha dado la razón a la Delegación del Gobierno. Además, fuentes de este departamento estatal han indicado que en el caso de que finalmente se manifiesten "aplicarán la Ley, como lo hacen en otras concentraciones ilegales".