Tres años se necesitaron para construir la central nuclear de José Cabrera (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y tres años han pasado desde su parada, el 30 de abril de 2006. En este trienio, la empresa propietaria, Unión Fenosa, se ha encargado de la extracción del combustible gastado de las piscinas y de su depósito en un almacén temporal individualizado (ATI).

En octubre está previsto que comience el desmantelamiento y, como dicen los ingenieros del ramo, cada central tiene su traje a medida para el desmontaje. Por esta razón, aunque los trabajos realizados en Vandellós I (Tarragona), la primera planta desmantelada en España, han servido como experiencia, cada una tiene su propio plan. El emplazamiento, el propietario y las características de la central determinan las medidas del traje.

En el caso del reactor de Santa María de Garoña (Burgos), si la orden ministerial aprobada el pasado 3 de julio y que fija el cierre para el 6 de julio de 2013 se llega a ejecutar, la entidad pública responsable del desmantelamiento de las centrales nucleares en España, Enresa, deberá presentar al Ministerio de Industria antes del 31 de diciembre de 2011 un programa preliminar de actuaciones para desmontar la planta. La central de José Cabrera tuvo tres años para preparar el plan, pero a Garoña sólo le han dado año y medio.

Esto, si la orden ministerial se llega a cumplir, ya que la empresa titular, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha interpuesto un recurso contra la decisión de cierre en 2013, ya que considera que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han aprobado su funcionamiento en condiciones seguras hasta 2019.

Además, Nuclenor tendrá que presentar al CSN la documentación sobre las operaciones para el cierre 'al menos un año antes del cese', es decir, en julio de 2012. Sin embargo, en la central burgalesa trabajan para generar electricidad de forma segura y sólo piensan en la recarga de uranio que tendrán que hacer en la primavera de 2011. Según fuentes de la planta, ningún técnico se ha puesto a trabajar en un futuro plan de desmantelamiento, ya que consideran que el reactor puede operar 10 años más y lucharán por ello. En Garoña la palabra desmantelamiento suena muy lejana y nadie quiere ni oír hablar de ella.

Una de las primeras medidas ejecutadas por la central nuclear de José Cabrera tras la parada fue la construcción del almacén temporal individualizado, donde se han ido depositando en 12 contenedores los 377 elementos de combustible de uranio utilizados en la central, que se almacenaban en su piscina. De hecho, hasta que no se extrae todo el combustible gastado, no se procede al desmantelamiento de ninguna infraestructura. Ahora, la docena de contenedores se dejará reposar en seco dentro del ATI, situado a 200 metros de la central, hasta que se construya un almacén temporal centralizado (ATC) que albergue la gasolina atómica usada de todas las plantas nucleares españolas.

Una vez extraído el combustible gastado, en octubre comenzará la fase de desmontaje. Según la legislación española, la titularidad de la central pasará de Unión Fenosa a Enresa, encargada de las operaciones, según fuentes de la eléctrica. Las operaciones de desmantelamiento requieren de evaluación de impacto ambiental, licencia municipal de obras, aprobación por parte del CSN y autorización del Ministerio de Industria. Pero antes de proceder a la demolición, se realizarán mediciones para diferenciar las superficies contaminadas de las no radiactivas y así tratar cada residuo de forma separada. Las piezas y superficies que se consideren radiactivas deberán ser descontaminadas, una acción que requiere agua y un jabón especial, como se hizo en Vandellós I.

Durante las operaciones de desmantelamiento de la planta castellano-manchega se espera generar 95.000 toneladas de residuos, de los cuales 100 toneladas (0,10% del total) se consideran combustible gastado y se almacenan en el ATI, mientras que 3.600 toneladas (3,8%) se gestionarán como residuos radiactivos en el almacén de baja y media actividad que Enresa tiene en El Cabril (Córdoba). El resto, más del 95%, se consideran libres de radiactividad y Enresa espera encontrar nuevos usos para estos materiales y reutilizarlos.

En el desmantelamiento de la central de Vandellós I se generaron unas 97.000 toneladas de residuos, de las cuales 79.000 eran escombros de hormigón que se reutilizaron para restaurar el emplazamiento y más de 1.700 toneladas eran residuos radiactivos de baja y media actividad que fueron a El Cabril, en 188 transportes. Sólo el 2% se clasificó como radiactivo. En el emplazamiento de Vandellós I sólo permanece en pie un cajón blindado que alberga el reactor, y por lo menos hasta 2028 se mantendrá sellado hasta que se pueda retirar y liberar toda la zona.

En los trabajos de deconstrucción de José Cabrera trabajará una media de 150 personas, con picos de hasta 250 empleados, los mismos que cuando la central estaba en operación. Un total de 45 empleados de Unión Fenosa participarán en el desmontaje. En Vandellós I se empleó a una media de 320 trabajadores, y hubo máximos de 420 empleados.

En el caso de Garoña, si el cese se produce el 6 de julio de 2013, los trabajos de desmantelamiento comenzarían tres años después, tiempo en el que se extraería el combustible gastado de la piscina y se depositaría en un ATC, si para esa fecha está construido. De no ser así, se utilizaría 'un almacén temporal construido dentro de la propia central', según fuentes del organismo regulador.

El proceso completo de desmantelamiento de José Cabrera, hasta que sólo quede el reactor perfectamente blindado, concluirá en 2015, y el coste de las operaciones ascenderá a 170 millones de euros. En el caso de Vandellós I, el desmantelamiento realizado entre 1998 y 2003 costó 94,6 millones de euros. En la central catalana se estimó que el sarcófago del reactor debía permanecer al menos 25 años bajo vigilancia y en un área restringida, hasta que la radiactividad decaiga lo suficiente como para acometer su desmantelamiento.

Para hacer frente al coste del desmontaje de las centrales, Enresa cuenta con un Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que a 31 de diciembre de 2008 alcanzaba los 2.276 millones de euros, frente a los 1.835 millones que tenía a finales de 2006. El VI Plan General de Residuos Radiactivos estima que el coste total de la gestión ascenderá a 13.023 millones de euros para el periodo 1985-2070, de los que el 48% corresponderá a la gestión del combustible gastado, un 20% a desmantelamiento de los ocho reactores nucleares y clausura de instalaciones, el 12% a los residuos de baja y media actividad almacenados en El Cabril, el 3% a investigación y desarrollo, y el resto a estructura.

Hasta el 1 de abril de 2005, cada ciudadano destinaba un porcentaje de su recibo de la luz a la gestión de residuos nucleares, pero desde entonces son las empresas eléctricas con reactores las que pagan este fondo. Además de desmantelar centrales, el fondo se destinará a construir el ATC, con un presupuesto de 800 millones de euros, si finalmente se levanta.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció a primeros de julio, tras publicarse la orden de cese de Garoña, que tras el verano se abrirá un concurso para decidir dónde se albergará el ATC, que acogerá los residuos nucleares de alta actividad procedentes de todas las centrales españolas. En este almacén se agruparían casi 13.000 metros cúbicos de residuos de alta radiactividad; es decir, todos los que han generado y generarán las centrales españolas.

La previsión es que se guarden allí al menos durante 60 años, hasta que la tecnología pueda reprocesar el combustible gastado y convertirlo nuevamente en carburante mediante la ansiada transmutación. Si no se lograra, se desplazarían a un almacén geológico profundo, lo que se conoce popularmente como cementerio.

El ATC español será similar al que se levanta en Holanda, bautizado como Habog e inaugurado en 2003. El almacén holandés es una nave industrial de naranja chillón, un color elegido precisamente para no ocultar que se trata de un almacén de residuos radiactivos y que, a medida que pasen los años, se irá pintando con un color cada vez más pálido, hasta llegar al blanco dentro de un centenar de años, como un indicativo de que los materiales que contiene han perdido parte de su radiactividad.

La empresa COVRA, encargada de la gestión de combustible nuclear gastado en Holanda, no quiso esconder este almacenamiento; la compañía defiende que no tiene nada que ocultar, ya que el almacén es seguro y la gestión es transparente.

Los materiales que llegan a Habog ya están compactados en cilindros para poder ser confinados en el menor espacio posible. En el interior de la nave, las grúas se encargan de manipular los contenedores precintados y de colocar cada uno de los bidones en su lugar preciso. Todo el proceso es automático. Cada contenedor se introduce en un agujero cilíndrico horadado en un suelo de hormigón, y allí se queda. Unos contadores van tomando muestras de la radiactividad de cada contenedor, así como del recinto, para garantizar que ningún isótopo se escapa al exterior. Para conseguir la refrigeración del combustible se requiere sólo ventilación.

Los holandeses aseguran que está diseñado a prueba de todo tipo de catástrofes. Construido en la zona de Borssele, en el suroeste de los Países Bajos, cerca de un puerto marítimo, la nave sería capaz de resistir huracanes, explosiones de gas, terremotos y, en un país como Holanda, también inundaciones.

El ATC español seguiría la misma estructura. El CSN ya ha estudiado el proyecto del ATC para España y ha licenciado la cubierta, pero deberá examinar y volver a aprobar el estudio concreto para el emplazamiento cuando este se conozca.

Para que Habog comenzara a operar fue necesario un proceso de participación pública, en el que toda la comunidad local se sintiera partícipe en la toma de decisiones, desde asociaciones de vecinos y organizaciones sociales hasta ayuntamientos y empresas. Y el ATC holandés contó con el respaldo de todos. Una lección para tomar nota.