El despido podrá seguir siendo gratuito en los contratos de prueba a pesar de que mejore la situación del desempleo en España. Sólo dejará de estar dentro de la ley si la tasa desciende del 15%. Sin embargo, según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la tasa de paro de 2015 será aún peor que la del año pasado. Dentro de tres años, el 22,3% de la población activa estará sin trabajo, frente al 21,64% de media con que se cerró el ejercicio 2011.

Esta es una de las principales novedades que se ha introducido a la reforma laboral del Gobierno durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. El PP ha pactado 46 enmiendas con los diferentes grupos parlamentarios, si bien la mayoría de ellas han sido acordadas con CiU. El proyecto de ley ha sido finalmente aprobado con los 25 votos a favor de conservadores y convergentes. En contra se han pronunciado PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Geroa Bai y BNG (en total 17). Tras su paso por la Cámara Baja, donde se habían registrado 656 enmiendas, ahora el proyecto de ley será enviado al Senado, que está previsto que nuevamente lo devuelva al Congreso en junio para su aprobación definitiva.

Una de las modificacios incluidas es la que pone límite al despido gratis en el caso de los contratos indefinidos para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un periodo de prueba de un año. La misma limitación se aplicará a los contratos para la formación y el aprendizaje. Asimismo, el PP y CiU han pactado que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo periodo del año anterior. Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU han pactado que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que han existido causas de fuerza mayor para los despidos. Otra enmienda destacada que se introduce, esta vez pactada con Foro, es que la ultraactividad –prórroga automática de los convenios una vez que han expirado y no hay acuerdo para su renovación– se limite a un año, en vez de a los dos que recogía el texto original.

Una enmienda limita a un año la prórroga automática de convenios colectivos También con el grupo catalán, el PP ha pactado que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 % de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días. Además, con CiU se han negociado bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos. La bonificación equivaldrá al 50 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización durante los 18 meses inmediatamente siguientes a la fecha de alta, así como para las empresas -excluidas las del sector público- dedicadas al turismo, comercio u hostelería que generen actividad en marzo y noviembre se crea una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y formación profesional. Además, se ha pactado que los 'descuelgues' de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior.

En lo que afecta a la jurisdicción social, PP y CiU han consensuado que las eventuales demandas contra decisiones empresariales vayan a juicio dentro de los quince días siguientes a su admisión a trámite, en tanto que la sentencia se dictará en cinco días y será recurrible en casación ordinaria.

Con el PSOE el PP ha acordado que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento. Con UPyD el PP ha consensuado que la aportación que tienen que hacer al Tesoro Público las empresas de más de 100 trabajadores que hagan despidos colectivos que incluyan a personas de 50 sea exigible también si la regulación de empleo es temporal. Y con Izquierda Plural ha acordado que al contrato de formación y aprendizaje puedan acogerse los trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo y que su prórroga no pueda ser inferior a seis meses.

Por su parte, el PP ha introducido en el texto enmiendas que concretan el papel de asesoramiento y consulta de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y los despidos de personal laboral de los entes, organismos y entidades del sector público que tengan insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres consecutivos.