Los desposeídos por Franco exigen justicia

Derrotados y sin derecho a recordar. Extirpados de su tierra y de sus casas. Desposeídos de todo, fueron extranjeros en todas partes. La crueldad de la Guerra Civil y la Dictadura no se limitó a perseguir a sus enemigos, les robó todo, dinero, casas, tierras, comercios y animales.
Entre 1936 y finales de los 40, miles de familias perdieron el derecho a poseer nada. Las leyes se fueron sucediendo, pero el mensaje de todas era claro: los rojos, masones y cualquiera opuesto al nuevo régimen no tenían derecho a tener nada. No había distinciones. Quienes más tenían lo perdieron todo, quienes menos también.

No les dejaron ni dinero para subsistir. El Gobierno sublevado declaró ilegal el papel moneda puesto en circulación por la República. Cada vez que el ejército nacional tomaba una nueva ciudad, los tanques pregonaban por las calles la obligación de entregar los billetes en el Banco de España. También las cuentas se bloqueaban. Las cartillas de ahorro se pusieron a cero en 1936. Borrón y cuenta nueva. El Estado se llevaba el dinero y a cambio los dueños recibían sólo un recibo. Para canjearlo era necesario demostrar afección al Movimiento y el aval de dos personas de bien. Incluso cumpliendo esos requisitos, a muchos les dio pánico reclamar. "Si mi abuelo era nacional y estaba cagado de miedo, imagínate los rojos", explica un gallego que prefiere no ser identificado.

Ni dinero para comer
María Roca y Carmen Avui recuerdan el hambre sin esperanza, la de no tener comida ni dinero para comprarla. Nerviosa, María abre una carpeta machacada. Allí guarda el recibo que le entregaron a su madre en un banco de Ripoll hace 70 años. Junto a él hay dinero republicano. "Dijeron que era malo, que no valía, pero el problema no era el dinero, sino nosotros, el problema era que éramos rojos. No se puede cerrar una herida cuando nunca ha habido justicia".

Carmen también recuerda los escarnios de la entrada nacional en Barcelona y el día en que su madre entregó el dinero en el banco. "Nos incautaron además dos camiones. Si le quitas todo el dinero y sus herramientas a un trabajador, ¿cómo quieres que coma su familia?", pregunta.

En total, la Asociación de Incautados por Franco incluye a unos 700 socios, con más de 1.400 recibos. El cambio fijado por el Banco de España es de 285 pesetas por cada una de 1936, pero no hay intención por ahora de reconocer los documentos. Reclaman al Estado más de 14 millones de euros, "pero tiene que haber muchos más papeles, todo el mundo tuvo que entregar el dinero y sólo los fascistas reconocidos lo recuperaron, algunos de ellos ni siquiera", explican María y Carmen. Si las familias nacionales perdían propiedades, las republicanas lo perdieron todo.

Destierro
"Mi hermana murió de pura miseria", recuerda Asunción Pérez-Pérez, hija de un militar republicano que se negó a apoyar a los sublevados. Meses antes del golpe "la familia vivía bien". Esperaba destino en Gran Canaria añorando la casa de Alicante donde habían nacido los hijos mayores. Ninguno de los pequeños ha podido volver a pisarla. Tanto él como sus hijos perdieron todas las propiedades. Algunos nacieron sin hogar.

Su primer destino fue la Gomera. Todos los días partían de la playa de Tenerife barcos llenos de republicanos. Volvían pocas horas después, vacios y sin noticias. En las islas, la profundidad del mar hacía innecesarias las cunetas. Francisco Pérez, sus seis hijos y su mujer embarazada montaron en ese barco. La influencia de algunos amigos militares les salvó la vida.

Reclamaciones
Nunca recuperaron su casa. Lo intentaron durante años, incluso se establecieron un tiempo en Alicante para empezar la lucha jurídica. El último empujón antes de abandonar la península lo provocó una profesora de las niñas. "Yo no apruebo a fulanas hijas de rojos", les espetó. Poco después la familia partía hacia Tánger. De España sólo se llevaron el miedo, el hambre, una reputación deshecha y las humillaciones.
Con la democracia la viuda volvió a reclamar. La casa, pero sobre todo el honor del militar. "La justicia, en resumen", insiste Asunción. Cada cierto tiempo enviaba decenas de documentos para probar la injusticia: escrituras, contratos de compra-venta, expedientes militares... La mejor respuesta fue el silencio. Otras veces era aún más sangrante: "No se han producido cambios en la situación de Francisco Pérez". Llevaba muerto más de cuarenta años.

No es el único argumento peregrino que el Estado ha utilizado para bloquear las reclamaciones. Para apoyar su rechazo, la abogacía general del Estado se ha apoyado hasta en la vigencia de las leyes franquistas cuando se produjo la incautación. Ocurrió en el caso del abogado y político Ossorio y Gallardo. Todas sus propiedades fueron incautadas cuando huyó de la Guerra. El conflicto le arrastró hasta Buenos Aires. Desde allí sus herederos tratan de recuperar parte de la fortuna, pero la compra venta y segregación de parte de los inmuebles lo hacen cada vez más difícil. Hace pocos meses, los tribunales volvieron a desestimar la demanda.

"El único amparo del cielo"
En todo caso, la mayoría de los expolios se convirtieron en tragedias. La ausencia de una casa, las vacas o sus camiones reducían a las familias en los pueblos a la más absoluta miseria. "Nos dejaron con el único amparo del cielo", repite una y otra vez Salomé Esquerra.

Su padre Julián Esquerra era el alcalde republicano de Sobradiel. La guardia civil le arrebató de su familia en plena noche y nunca más le volvieron a ver. A los dos meses, un cacique del pueblo se enorgulleció frente a la viuda: "Yo tuve el gusto de darle el tiro de gracia a su marido. Y que sepas que si no os mato a vosotros es por qué soy católico". Antes de las cuatro de esa tarde tuvo que abandonar el pueblo con sus seis hijos. La mayor, Salomé, tenía 14 años.

Atrás dejaron su casa, una tienda de comestibles, tierras de cosecha y una prensa de vino. Salome lleva años tratando de reclamarlas. "Nos dejaron en la calle, sin nada. No quiero recompensas, sino lo que es mío."

Salomé fue, sin pretenderlo, una de las caras de la guerra de las esquelas. Publicó, "por que lo merece", una reseña en la que hablaba del "asesinato" de su asesinato. Muchos medios de la derecha, "Isabel San Sebastián al frente", se le echaron encima. "Me robaron a mi propio padre y todo cuanto él había conseguido. Lo uno no me lo pueden devolver, lo otro no quieren. ¿De verdad debería olvidar cuando me han despojado de todo?", pregunta incrédula.

Sin documentos
Pero la Justicia choca con la Ley. Si es difícil que la mayoría de los particulares recuperen sus propiedades, cuando no existe documentación se convierte en imposible. En muchos pueblos las casas no se escrituraban durante generaciones.

Es el caso de Martín Arnal. Cuando estalló la guerra, con 15 años, ya pertenecía a la CNT. Familia de labriegos, habían comprado hacía dos años la casa donde vivían en 1926. Tuvieron que exiliarse y dejaron en España su hogar y a dos de los siete hermanos enterrados en las cunetas de Aragón.

En los pueblos permanece el recuerdo. Más de 70 años después de que les fuera arrebatada su casa familiar sigue conociéndose como "casa Arnal". El dueño anterior volvió a venderla poco después cuando se impuso la paz de los vencedores. La familia Arnal, desde Francia, trató de hacer valer sus derechos. A través de una prima contacto con el antiguo propietario. "A callarse. Ahora hacemos nosotros lo que queramos. Que entren en España y reclamen al Gobierno si se atreven", fue la respuesta.

Extranjeros
Afincado en Toulouse, la capital republicana en Francia, desde hace años, Martín, rodeado de sus hijos y nietos, vuelve cada año a Angües. Han tenido que comprar suelo y construir casas cerca de la que fue suya.Renunciaron al hogar, pero no sus las raíces. A pesar de todo un mote les persigue: allí siempre serán "los franceses".