¿Detener la primavera?

Pablo Neruda nos recordó que quizás se puedan cortar todas las flores, pero no se puede detener la primavera. El desalojo policial de las concentraciones convocadas por el movimiento 15-M representa una actuación limitativa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no se ha aportado ninguna explicación adecuada sobre el uso de la fuerza pública. Como se establece en la Constitución y en la ley orgánica, las únicas razones que permiten restringir el derecho de manifestación se encuentran en que durante su ejercicio se pueda ocasionar peligro para las personas o los bienes. Sin embargo, no resulta discutible el comportamiento pacífico de los concentrados.

Se permita el uso de la vía pública para celebraciones deportivas, mientras se impide el ejercicio de un derecho fundamental Por otro lado, la insuficiente autorización administrativa de las concentraciones tampoco justifica la utilización de la violencia institucional para impedir el ejercicio de este derecho fundamental. En la ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, debe prevalecer  el derecho de manifestación, ante su carácter pacífico y la ausencia de perjuicios a terceros. Y resulta paradójico que habitualmente se permita el uso de la vía pública para que se efectúen masivas celebraciones deportivas o meras actividades lúdicas espontáneas, sin ningún tipo de autorización, mientras ahora se impide de manera contundente el ejercicio de un derecho fundamental. En un Estado Constitucional las autoridades no conceden el derecho de manifestación, sino que se deben limitar a garantizarlo, por lo que no resultan admisibles los desalojos de las concentraciones desde un concepto del orden público que únicamente pretende frenar la exteriorización del descontento colectivo.

Esta actitud de restricción de las libertades no representa un hecho aislado. En un contexto de masivas protestas contra el desmantelamiento del Estado Social, el gobierno ha anunciado una reforma del Código Penal para endurecer determinados delitos, entre cuyas medidas se encuentra aplicar penas de prisión de cierta entidad a la resistencia pasiva. Dicha regulación legal supondría castigar con dureza actos de protesta pacífica, como los que está llevando a cabo el movimiento 15-M, así como los realizados durante la denominada “primavera valenciana” o los que pretenden sensibilizar a la sociedad sobre la situación de los desahuciados que no pueden pagar sus hipotecas. Se trata de actos reivindicativos que han contado con la simpatía de la mayoría de la población, según se refleja en los distintas encuestas. La pretensión de reprimir penalmente el malestar parece manifiestamente desproporcionada y supone un gesto autoritario dirigido a acallar una serie de voces críticas que tienen derecho a ser expresadas.

El gobierno paraliza la creación de órganos jurisdiccionales necesarios para la defensa de las garantías de los ciudadanos Los recortes en los derechos sociales y en los servicios públicos contienen aspectos discutibles. Y, en el marco de ese debate, el gobierno debería convencer de las hipotéticas bondades de su gestión a través de argumentos, en lugar de intentar amordazar a quienes legítimamente exponen su desacuerdo. Sin embargo, el gobierno paraliza la creación de órganos jurisdiccionales necesarios para la defensa de las garantías de los ciudadanos y, al mismo tiempo, aumenta la inversión económica policial destinada al control del orden público. Y ahora asistimos a un salto cualitativo en la escalada punitiva, ante las propuestas oficiales de criminalización de la disidencia pacífica.

Una de las características más conocidas de todo Estado totalitario es la persecución penal de cualquier forma de discrepancia organizada. Al contrario, la profundidad democrática de una sociedad se puede medir por las posibilidades de sus ciudadanos de exponer de manera pacífica las objeciones que estimen oportunas. Si se permite la paráfrasis de Orwell, podríamos afirmar que esa libertad incluye poder manifestar con todos los altavoces pertinentes aquello que a los gobernantes no les gusta escuchar. Con determinadas reformas y actuaciones represivas, nuestro Estado de Derecho está perdiendo en calidad democrática. Pero la indignación social no desaparecerá si existen causas para su existencia, ni tampoco mientras haya razones fundadas para reclamar alternativas. Como alguien escribió, en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante. Una verdadera democracia constitucional siempre tendrá como ejes centrales la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Y no se puede ignorar que intentar detener la primavera puede ser tan estéril como pretender poner puertas al campo o a las plazas.

*Ximo Bosch es magistrado y portavoz territorial de Jueces para la Democracia (JpD)
*Ilustración de Miguel Ordoñez