Detenido un alcalde malagueño por presunta corrupción

La Guardia Civil detuvo el viernes al alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín y a otras 12 personas por presunta corrupción urbanística, según informó el organismo, en un nuevo caso de este tipo que afecta a un municipio de la provincia andaluza.

Además del edil socialista, entre los detenidos en Málaga y Huelva hay varios miembros de su familia, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario, a los que se les atribuyen, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

La trama se dedicaba supuestamente a la promoción, construcción y posterior comercialización de viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía tras el pago a los cargos públicos "que consentían, encubrían e incluso impulsaban las irregularidades urbanísticas", dijo la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil está efectuando registros en las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del servicio de arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional.

La investigación de la llamada "operación Arcos" se encuentra bajo secreto de sumario por parte del juzgado de instrucción nº3 de Vélez-Málaga y continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

El PSOE de Málaga anunció inmediatamente que expulsará a los militantes que resulten imputados en la operación de Alcaucín, subrayando en cualquier caso la presunción de inocencia de los detenidos.

"La posición del Partido ante las imputaciones de sus militantes por delitos de corrupción es la tolerancia cero, tal y como se ha demostrado en situaciones anteriores", declaró en un breve comunicado.

Los casos de corrupción con responsables municipales de diversos partidos implicados se han multiplicado en los últimos años en España, al calor del gran desarrollo urbanístico registrado en el país.

El más sonado se produjo precisamente en una localidad de la Costa del Sol, Marbella, que llevó al arresto de unas 70 personas e incluso desembocó en la disolución del consistorio por parte del Gobierno central.