Va a ser el secreto mejor guardado hasta que pase el 9 de marzo: ¿A cuánto asciende la cuantificación de la deuda histórica andaluza que el Ejecutivo presidido por Manuel Chaves acaba de remitir al Gobierno central? El presidente andaluz avanzó el lunes en Granada que había enviado al Gobierno una cifra “que puede ser modificada”, pero los partidos de la oposición se han lanzado en tromba exigiendo que la haga pública. No la hará.
Los periodistas volvieron a tentar ayer al portavoz del Gobierno regional, Enrique Cervera, con nuevas preguntas sobre el asunto, pero el portavoz no picó. Es más, se mostró deliberadamente zumbón: “Si estaban preocupados [los partidos de la oposición] por un buen acuerdo, que se relajen, ya que llegará en la próxima legislatura”. En todo caso, una cifra de referencia del Ejecutivo andaluz serían los 1.148 millones de euros en que el grupo socialista en el Parlamento regional la evaluó en diciembre de 2003.
El concepto político de deuda histórica tiene su anclaje jurídico en la Diposición Adicional Segunda del anterior Estatuto de Andalucía, que reclamaba para la comunidad una financiación excepcional del Estado para equiparar  con la media nacional el nivel de prestación de los servicios transferidos a Andalucía. El núcleo de la argumentación es éste: dado que Andalucía partía de posiciones mucho más atrasadas que el resto de España, sólo una finaciación extraordinaria podrá compensar dicho atraso.
Reclamacion sin vuelta atrás
Lo cierto, sin embargo, es que los propios socialistas andaluces nunca creyeron demasiado en ese ambiguo concepto, que por lo demás proyecta la imagen de una Andalucía quizá excesivamente pedigüeña. Pero como a la fuerza ahorcan, en el bienio 94-96 un acorralado PSOE en minoría parlamentaria asumió la reivindicación de la deuda histórica para contentar a Izquierda Unida. No contentó a IU, pero ya no era posible dar marcha atrás. Todo lo contrario: los socialsitas aceleraron durante los dos mandatos de Aznar, al que no sólo reclamaron la deuda, sino que incluyeron cada año en los Presupuestos andaluces una partida de 120 millones de euros a cuenta de la misma y que debían salir de los Presupuestos Generales del Estado. Aznar nunca pagó, pero la reclamación la heredó Zapatero.
El asunto regresa ahora con fuerza a la campaña. Chaves habìa lanzado en su día el guante a los partidos pidiéndoles que dieran su propia cuantificación, pero ninguno de ellos picó. Prefieren que el Ejecutivo tome la iniciativa. La oposición puede permitirse el lujo de sentarse a verlas venir, y es lo que está haciendo. Javier Arenas (PP), Diego Valderas (IU) y Julián Álvarez (CA) calificaron de insulto, engaño e indecencia que el Gobierno andaluz no haga pública la cifra que ha enviado a Zapatero.