El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, planteó ayer en León una modificación de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que el organismo ofrezca 'de manera excepcional', durante al menos el presente año, los créditos de manera directa o que garantice el cien por cien de la morosidad. 'Esa sería la manera en que las pymes que son viables pudieran seguir funcionando', apostilló.

Al respecto, subrayó que se trata de una cuestión a la que hay que poner remedio de manera 'urgente', ya que no se puede permitir que cierren empresas viables por falta de financiación, cuestión que la CEOE planteará en la mesa de Diálogo Social con el Ejecutivo que se iniciará en las próximas semanas.

La reclamación de Díaz Ferrán para que el ICO mejore sus condiciones de financiación se produce cuando su grupo empresarial está tratando de conseguir ayuda del instituto público. El ICO ha rechazado al menos dos veces avalar préstamos a empresas de Díaz Ferrán por considerar que no se atenían a los criterios exigidos para la concesión de la ayuda.

Por otra parte, el presidente de la CEOE aseguró que no se ha planteado dejar de ser presidente de la patronal y que, en caso de que ahora hubiera elecciones, volvería a concurrir a la presidencia del órgano empresarial. Ferrán, que mantuvo una comida de trabajo con representantes de la Federación Leonesa de Empresarios, explicó que se siente 'arropado totalmente' por la mayoría de los empresarios de España, 'aunque tampoco al cien por cien, que tampoco sería bueno'.

Además, defendió una vez más la moderación salarial, y señaló que los salarios no se pueden ligar 'permanentemente' al Indice de Precios de Consumo (IPC) porque supondría una mayor destrucción de empleo.

Para Díaz Ferrán, es 'absolutamente imprescindible' alcanzar acuerdos en el seno del Diálogo Social ante la actual situación económica.

La venta de billetes con posterioridad a la orden de cierre de Air Comet es uno de los factores clave en el litigio judicial en el que están involucrados Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual. Varias asociaciones de consumidores interpusieron en la Audiencia Nacional una denuncia contra los propietarios de Air Comet por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, al entender que vendieron billetes de la aerolínea cuando conocían que no podrían cumplir los compromisos de vuelo. Tienen datos que revelan fechas de venta “posteriores al día 18”. La fiscalía instó al juez Santiago Pedraz a que investigara los hechos, pero este desestimó la petición. La Ceaccu, principal impulsora de la denuncia, recurrió contra la decisión de Pedraz ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Al margen de ese recurso, la fiscalía abrió diigencias por su cuenta el viernes para comprobar si lo que dicen los denunciantes es cierto. El fiscal considera que de la denuncia “se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva”, que deben ser investigados. Para ello, ha pedido información a la Comisaría General de Policía y al propio juzgado de Londres que decidió la paralización de la actividad de Air Comet. La fiscalía también ha reclamado al Ministerio de Fomento que le envíe los documentos en los que hubiera realizado requerimientos a la aerolínea por deficiencias en su funcionamiento. Ambas actuaciones se desarrollan en paralelo. Si finalmente la Audiencia exige al juez Pedraz que admita la denuncia, la fiscalía le enviará las diligencias que acaba de iniciar.