Los 300.000 pequeños inversionistas atrapados en España por el timo de las preferentes se debaten desde esta semana entre intentar un acuerdo con el banco que le vendió las preferentes o llevar a la entidad ante los tribunales. El Gobierno y los bancos, bailando al son que marca la Unión Europea, han emprendido una potente campaña para empujar a los afectados a aceptar un arbitraje, que venden como la vía más 'rápida y además gratuita' para recuperar algo del dinero invertido.

En el lado contrario, asociaciones de afectados y bufetes de abogados señalan la vía judicial como la más eficaz para lograr recuperar la totalidad de las participaciones, al haber pruebas, varias de ellas aportadas por organismos oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España, de la comisión por los bancos de 'delitos de libro' como estafa o maquinación para alterar el precio de las cosas, que acarrearían la nulidad de las emisiones y el reembolso a los afectados.

De momento, la Audiencia Nacional ha recibido en el último mes y medio al menos cuatro querellas criminales diferentes por la emisión de las participaciones preferentes, tres de ellas referidas exclusivamente a Caja Madrid o Bankia y la cuarta dirigida contra 40 entidades (incluida Caja Madrid) que emitieron las preferentes, por considerar que cometieron la misma estafa.

Por orden cronológico, las cuatro querellas presentadas y sus datos principales son:

-- 7 de marzo. Querellante: Asociación Activa Preferentes, que representa a unos 200 afectados. Acusa a 40 bancos y 45 de sus directivos, por delitos de estafa, publicidad engañosa, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada.

La demanda, redactada por el abogado Juan Manuel Moreno Luque, se dirige de forma global contra todas las entidades que emitieron las preferentes, y también contra grandes empresas como Telefónica o Repsol-YPF, participadas por esos bancos y cajas. Entre los querellados están las principales entidades financieras del país, como Banco Santander, BBVA, Popular, o Sabadell, y la práctica totalidad de las cajas de ahorros.

La querella da especial relevancia a la emisión masiva de preferentes en el año 2009, cuando ningún otro país de nuestro entorno lo hizo, y su destino a los clientes minoristas, no cualificados para entender un producto tan complejo, y a quienes se vendió como si fuesen activos de renta fija. Ese año, los bancos emitieron 13.552,95 millones de euros en preferentes,  más de la mitad de los cuales fueron colocados por cinco entidades: Cajamadrid (3.000 millones de euros), La Caixa (2.000 millones), Santander (2.000 millones), BBVA (1.000), y la CAM (850 millones).

-- 15 de abril. Despacho barcelonés Jausas, en nombre de un empresario jubilado que invirtió 170.000 euros en preferentes de Caja Madrid. Se dirige contra 14 exresponsables de la caja madrileña, incluido su expresidente Miguel Blesa, y también contra el expresidente de la CNMV, Julio Segura. Acusa de los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y omisión del deber de denunciar un delito (este último, en relación al órganismo supervisor).

El caso concreto fue el siguiente: Caja Madrid recomendó en mayo de 2009 al empresario jubilado que sustituyera sus depósitos a plazo fijo por participaciones preferentes con el argumento de que eran un producto seguro y sin riesgo y se ajustaban a su perfil de inversor conservador, lo que le llevó a destinar 170.000 euros a ese producto.

La entidad financiera presidida entonces por Miguel Blesa no sólo engañó sobre la naturaleza del producto sino que vendió las preferentes a su valor nominal, que era muy superior al valor razonable. Asimismo, Caja Madrid –hoy integrada en Bankia- mantuvo hasta noviembre de 2011 que el producto no se había depreciado, lo que no era cierto en absoluto. Piden la responsabilidad civil (económica) tanto de Caja Madrid como de la CNMV.

-- 15 de abril.-  Querella de Unión  Progreso y Democracia (UPyD). Acusa a directivos de Caja Madrid y Bancaja, al expresidente de la CNMV Julio Segura, y además incluye entre los querellados a Miguel Angel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España. Los delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas.

UPyD, querellante contra Rodrigo Rato y otros 32 exconsejeros de Bankia y su matriz, BFA, en la Audiencia Nacional, en la causa que investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad, basa principalmente su nueva demanda en sendos informes de la CNMV y del Banco de España, incorporados precisamente al 'caso Bankia', que delatan graves irregularidades en emisiones de preferentes por Cajamadrid y Bancaja, así como que el organismo que dirigía Fernández Ordóñez autorizó la recompra por la entidad de 1.200 millones de euros de preferentes a precio superior al de mercado.

-- Querella de afectados defendidos por el abogado sevillano Juan Ignacio Moreno Yagüe (también personado en el 'caso Bankia' como representante del movimiento 15MpaRato, que fue el primer interesado penalmente en la persecución de la emisión de preferentes). Se centra en el informe de la CNMV, de febrero de este año, que estudió operaciones de cases (compraventa) entre preferentistas de Caja Madrid y también de Bancaja entre junio de 2010 y noviembre de 2011.

La demoledora conclusión de dicho dictamen, incorporado a la causa contra Rato y Bankia que se sigue en la Audiencia Nacional, es que las entidades 'incumplieron de forma no aislada o puntual', es decir, lo hicieron de forma generalizada, el artículo de la Ley del Mercado de Valores que exige que se tomen medidas contra los conflictos de intereses entre clientes de la entidad, o entre los mismos y la propia caja.

Estas cajas, añade el informe, 'no gestionaron los conflictos de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable. Así perjudicaron los intereses de los compradores de las preferentes, 'en beneficio de otros clientes que, de esta forma, conseguían la liquidez deseada y en beneficio de las propias entidades que estaban interesadas en facilitar liquidez a los vendedores'.

Aparte de estas cuatro querellas penales, cuya admisión o no a trámite está estudiando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu --que también investiga el 'caso Bankia'--, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), presentó el 16 de abril una demanda civil colectiva en los juzgados de Madrid en nombre de 300 preferentistas de Caja Madrid, que cree que sumarán finalmente 2.500. Adicae calcula que el dinero invertido por pequeños ahorradores en la citada entidad asciende a 6.000 millones, que apuestan por recuperar en su integridad, para lo cual afirman que el arbitraje no será válido.

Paralelamente a esta lluvia de querellas y demandas, el Gobierno, a través de la Comisión de Seguimiento presidida por la CNMV, ha dado el pistoletazo de salida esta semana al proceso de arbitraje en Bankia, que trata de resolver por esa vía el problema que afecta a unos 180.000 minoristas que invirtieron unos 5.000 millones de euros en preferentes y deuda subordinada.

El Ministerio de Economía señala que los arbitrajes pueden estar culminados en un periodo de seis meses, y se ha enfocado especialmente a los clientes con inversión igual o inferior a 10.000 euros. Precisamente la rapidez, la gratuidad, y que no requiera de la asistencia de abogado ni procurador, son los principales reclamos de Bankia para atraer a los afectados.

Sin embargo, abogados especializados en preferentes como Santiago Viciano, de V Abogados, subrayan que la supuesta ventaja de no tener que asistirse por abogado es también un desequilibrio, ya que Bankia sí lo está. Y además, como subraya Andrés Herzog, secretario general de UPyD y autor de su querella, recuerda que la auditora KPMG, que revisará los acuerdos como entidad independiente antes de que la Junta Nacional de Arbitraje dictamine lo que corresponda, ha actuado como perito de parte de Bankia en demandas por preferentes.

Para el abogado del despacho Jausas Jordi Ruiz de Villa, el arbitraje es una 'trampa', porque el memorándum acordado por el Gobierno con Bruselas establece que los clientes sufraguen parte de las pérdidas de las preferentes, lo cual ha quedado establecido por ley. 'No podemos creernos que van a indemnizar cuando por ley han dicho que no lo van a hacer', razona este abogado. 

Otra de las bondas del arbitraje, según Bankia, es que no exige inicialmente al inversor renunciar a la presentación de acciones judiciales por vía penal o civil. Sin embargo, el cliente sí deberá decidir entre arbitraje o demanda judicial a partir de recibir el informe de KPMG señalando el importe máximo que considera que se le debe pagar. En ese momento, el preferentista sí debe señalar si continúa el proceso de arbitraje, renunciando a la vía de los tribunales.

Para el abogado Andrés Herzog, el proceso de arbitraje plantea muchas dudas, entre otros puntos sobre los baremos que usará y las cuantías que puede autorizar a pagar, confusión que no ayuda a disipar el FROB con las las informaciones que se le atribuyen sobre quitas de hasta el 40% del valor de la preferente.

El proceso de arbitraje se inició hace unos meses en Novacaixagalicia, donde ha empezado a recibir críticas por su lentitud y la cantidad de expedientes pendientes de análisis. En concreto solicitaron el arbitraje unos 56.000 clientes, con 15.000 de los cuales existió acuerdo, pero quedan sin resolver casi 41.000 casos.

Los abogados que han elegido la vía penal de la querella  coinciden en que los delitos de estafa y, sobre todo, el llamado de maquinación para alterar el precio de las cosas, son'de libro' en la emisión de preferentes, como ha quedado negro sobre blanco en el informe de la CNMV.

Una victoria en este terreno conllevaría la nulidad de las emisiones y la devolución del total de las preferentes a los afectados. Además, resaltan que la investigación  penal cuenta con más medios de investigación.

En cualquier caso, como expone el abogado Jordi Ruiz de Villa, firmante de la querella del despacho Jausas, si la vía penal se demorase, lo que no tiene por qué ocurrir, no cierra en ningún momento la puerta a presentar demanda de reclamación por la vía judicial civil.

Con unas u otras palabras, todos ellos coinciden en que hubo un plan preconcebido para engañar a los clientes minoristas de las entidades colocándoles un producto del que hasta el nombre era engañoso (no eran participaciones preferentes, sino ultrasubordinadas), para recapitalizar las mismas, en un periodo principal --2009--, donde el resto de la banca europea estaba siendo rescatada por los Estados, rescate que en España habrían realizado directamente los ciudadanos estafados con sus ahorros.

Como dice gráficamente el letrado Ruiz Villa, con las preferentes los bancos 'vendieron una moto a precio de coche, y realmente lo que entregaron fue un patinete sin ruedas'. Así, recuerda que en 2009, cuando Cajamadrid colocó 3.000 millones de euros en preferentes, entre la orden de compra y la de compraventa, la agencia Moody's calificó el producto como 'bono basura', lo que no frenó el proceso y no fue advertido a los compradores.