Hace siete meses el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el Estado pondría 3.000 millones de euros a disposición de los promotores inmobiliarios que convirtieran sus pisos para los que no encuentran comprador en viviendas de alquiler. Bajo este modelo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financia hasta el 50% de los préstamos de los promotores sobre las viviendas que pongan en arrendamiento. El resto del crédito tienen que refinanciarlo los promotores con la entidad financiera. El resultado, meses después de su puesta en marcha, es bastante pobre: sólo se han firmado 12 operaciones por 23 millones de euros, el 0,8% del montante total.

Ahora, el Gobierno se plantea la posibilidad de utilizar esta línea de crédito del ICO con el mismo fin, ampliar el parque de vivienda en alquiler, pero con distinto protagonista: las comunidades autónomas. Se trataría de ceder el apoyo financiero del ICO a las autonomías que decidan comprar directamente inmuebles de precio libre que están en stock con el fin de ampliar el parque público de alquiler, según fuentes consultadas. Con esta fórmula, los gobiernos regionales, la mayoría bastante endeudados, podrían financiar mejor la adquisición de pisos libres que luego pondrían en alquiler.

Los defensores de la propuesta alegan que, de esta forma, se logran dos objetivos: se solucionaría en parte el problema del número de viviendas sin vender, que crece sin parar, y se ampliaría el parque público de pisos de alquiler. Además, reducir el stock de viviendas podría reactivar la construcción inmobiliaria, bajo mínimos, lo que se refleja negativamente en el empleo.

Pero lo que tiene claro el Gobierno es que no comprará directamente viviendas libres para ponerlas en alquiler, aunque apoya que lo hagan las comunidades autónomas. Si lo acometiera el Ministerio, los gobiernos regionales podrían plantear problemas porque es un sector de competencia autonómica.

Sin embargo, aunque en ámbitos del Gobierno se estudia este apoyo del ICO a las CCAA, en el Ministerio aseguran estar volcados en el ya aprobado Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. La ministra Beatriz Corredor está negociando con las autonomías los convenios bilaterales para repartir las ayudas del Plan Estatal, que alcanzan los 10.188 millones de euros.

Algunas comunidades como Asturias, Canarias, Baleares y Catalunya, ya han puesto en marcha los mecanismos para comprar directamente a los promotores estos inmuebles que no logran vender para transformarlos en vivienda barata.

La primera que inauguró este sistema fue Canarias con una experiencia piloto y le ha seguido Baleares, que cerró el año pasado la adquisición de 432 viviendas que pasarán de tener un precio de mercado a otro protegido. Las compras se hacen por concurso público, lo que significa que los promotores acuden con la bolsa de pisos que creen que no pueden vender y pujan con precios a la baja.

Castilla-La Mancha también utiliza el sistema de concurso pero para una fórmula propia: los pisos de iniciativa público-privada se construirán sobre suelos de promotores privados.

Todas estas fórmulas buscan sacar partido al stock de viviendas para convertirlo en pisos baratos y asequibles. Madrid se acaba de apuntar a facilitar la conversión de pisos libres en VPO y La Rioja flexibilizará las categorías de vivienda protegida para este fin.

El año pasado se cerró con 1.072.879 viviendas terminadas o en construcción que no encuentran comprador, según los datos cruzados del Ministerio de Vivienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad.