Este artículo se publicó hace 15 años.
La Diputación de Álava se querella contra los responsables del caso Iruña-Veleia
La Diputación foral de Álava ha presentado hoy una querella ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia de Vitoria contra los responsables del llamado caso "Iruña-Veleia", al considerar que "existen indicios de delito contra el patrimonio cultural alavés".
El pasado 19 de noviembre un informe encargado por la Diputación a varios expertos determinó la falsedad de los grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V, descubiertos en el yacimiento alavés en 2005 y 2006.
Estos descubrimientos se calificaron en su día como "históricos" puesto que, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo.
La diputada foral de Cultura, Lorena López de Lacalle, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Diputados, ha anunciado la activación de la vía penal, al considerar que esta institución está "directamente perjudicada por todo lo acontecido en el yacimiento arqueológico alavés".
La diputada foral no ha dado los nombres de las personas o persona contra las que se dirige la querella, acogiéndose al secreto sumarial, pero sí ha hablado en plural.
Respecto a si la Diputación alavesa ya ha escogido a un director que sustituya a Eliseo Gil, responsable hasta ahora del yacimiento, López de Lacalle ha descartado la elección de un director en singular y ha dicho que están trabajando en configurar un equipo multidisciplinar, compuesto por personas de diferentes ámbitos, en lugar de a un director.
Ha recordado que la Diputación alavesa lleva veinte meses inmersa en "un intenso proceso de trabajo" para arrojar luz sobre los hallazgos de Iruña-Veleia supuestamente falsos y ha explicado que, "hay suficientes indicios de delito como para que instancias judiciales pongan en marcha un cauce formal de investigación".
López de Lacalle ha informado de que además de la querella, la Diputación alavesa ha incoado un expediente sancionador administrativo contra Lurmen S.L., la empresa que ha gestionado el yacimiento, en el que se piden multas de hasta 150.000 euros, y ha comunicado que esta empresa deberá retirar todas sus pertenencias del yacimiento en un plazo de ocho días hábiles.
No obstante, ha explicado que el expediente sancionador puesto en marcha ha quedado en suspenso mientras dure la vía penal.
La diputada foral ha señalado que la Diputación ha recurrido a la apertura del expediente sancionador contra Lurmen al constatar "graves defectos de métodos arqueológicos" en la excavación, "la manipulación y tergiversación de los informes aportados en garantía de la autenticidad de los hallazgos".
Así como, "la falta de acreditación requerida sobre la capacitación profesional del asesor científico de Lurmen, la negativa a aportar los informes de analítica que se dicen realizados por laboratorios franceses, la existencia de hechos de falsificación de inscripciones en piezas arqueológicas por un trabajador de Lurmen y la falta de control de su dirección en la seguridad del yacimiento", ha agregado.
Al margen de estos procedimientos administrativos y penales, el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia mantendrá el programa de visitas y el trabajo científico.
López de Lacalle ha subrayado la colaboración de la Fiscalía de Vitoria en el caso, ante la cual presentó una denuncia el 5 de diciembre.
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