El diputado Vicens condenado a 4 años y 6 meses de prisión y 8 de inhabilitación

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia e las Islas Baleares (TSJIB) ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años al ex conseller del Territorio del Consell de Mallorca y diputado autonómico Bartomeu Vicens por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Vicens ocupa actualmente como independiente un escaño del grupo mixto del Parlament balear tras haber sido suspendido de militancia en Unió Mallorquina (UM) por su presunta implicación en varios casos de corrupción.

La sentencia del TSJIB, notificada hoy, hace referencia al caso del presunto pago desde el Consell de Mallorca de 12.020 euros de un informe plagiado de internet sobre el valor del suelo en la isla y que presumiblemente se utilizó después para un supuesto pelotazo urbanístico en el polígono industrial palmesano de Son Oms.

La decisión judicial, hecha pública hoy, también condena al ex director insular Damià Nicolau a dos años y tres meses de prisión e inhabilitación absoluta por un plazo de cuatro años por considerarlo cómplice de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa por encargar el polémico informe y respaldarlo.

Asimismo, el autor de dicho trabajo, Tomás Martín -amigo de Vicens, a quien le prestaba gratuitamente servicios de contable-, ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión que se sustituye por la de 18 meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un año y medio.

Los acusados deberán hacerse cargo también de las costas procesales.

El TSJIB considera probado que Vicens encomendó un estudio "de nulo valor para la Administración" a Martín, pagado con fondos públicos, "deseoso" de agradecerle los servicios que le prestaba como contable y aprovechando su condición de conseller insular de Territorio de Mallorca.

El Tribunal reconoce asimismo que Martín se mostró "reticente" al principio a la hora de aceptar el encargo, pero que Vicens le dijo que no se preocupara que podría hacerlo consultado simplemente unas direcciones de internet que se le facilitaron.

La sentencia admite que el que entonces era director insular de Ordenación del Territorio, Damià Nicolau, aún consciente de que el informe era innecesario, aceptó intervenir en el expediente de contratación menor y que se abonaron a Martín 10.465,90 euros por el "Estudio sobre el valor del suelo en la isla de Mallorca".

El informe consta de 17 páginas cuyo contenido "íntegro copió (Martín) de las dos o tres páginas web que le habían proporcionado a instancias del señor Vicens" y fue traducido al catalán mediante un programa informático, según detalla en la sentencia el TSJIB.

El estudio realizado por Martín solo fue leído por Vicens y Nicolau, no por los técnicos y el personal de la Conselleria, y ninguno de los dos condenados puso pegas al trabajo que el TSJIB considera una "artimaña" de Vicens para gratificar a su contable.

Al abrirse la investigación del caso, antes de declarar por primera vez ante el juez, Tomás Martín compareció voluntariamente ante el magistrado instructor para reconocer la realidad de los hechos y, acto seguido, ingresar al TSJIB en concepto de "reparación del daño" los 12.020 euros que recibió por el informe.

El TSJIB señala que si bien la declaración de Tomás Martín tiene un peso "sensible" en las pruebas de cargo que avalan la condena, "en absoluto es la única", pues existen otras muchas que la confirman.

Entre ellas, el TSJIB señala el hecho de que el informe se encargara escasos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el que el autor tuviera pocos o nulos conocimientos sobre la materia que versaba el estudio y que el documento está lleno de "generalidades e imprecisiones", entre otras.